Enfermarse en México no debería significar un riesgo financiero
En medio de un creciente malestar social por los altos costos de la atención médica privada, comienzan a perfilarse acciones concretas que buscan poner orden en un sector que, durante años, ha operado con escasa regulación efectiva en favor de los pacientes. Lo ocurrido en el segundo foro celebrado en la Cámara de Diputados no es menor: representa un punto de partida para corregir distorsiones que han afectado directamente el bolsillo —y en muchos casos la salud— de miles de familias.
Los acuerdos alcanzados entre legisladores y representantes del sector salud apuntan en la dirección correcta. La obligación de que hospitales privados publiquen sus tabuladores de precios y tarifas médicas es, sin duda, un paso hacia la transparencia. Durante demasiado tiempo, los costos han sido opacos, variables y, en ocasiones, sorpresivos. Transparentar precios no solo permitirá comparar, sino también inhibir prácticas abusivas.
Igualmente relevante es la intención de erradicar el llamado “coyotaje”, un esquema en el que intermediarios llegan a cobrar hasta un 20 por ciento de comisión, encareciendo aún más servicios que ya de por sí resultan prohibitivos para buena parte de la población. Este tipo de prácticas no solo es injustificable, sino que revela vacíos regulatorios que ahora comienzan a atenderse.
Otro punto sensible es el de los retrasos en las altas médicas. En no pocos casos, pacientes han permanecido hospitalizados más tiempo del necesario, incrementando de manera artificial los costos finales. Poner freno a estas prácticas no solo aliviaría la carga económica, sino que también devolvería al paciente el control sobre su proceso de recuperación.
La propuesta de establecer la portabilidad de antigüedad en los seguros médicos es, además, una medida largamente esperada. Permitirá a los usuarios cambiar de aseguradora sin perder beneficios adquiridos, fomentando una mayor competencia entre empresas y, potencialmente, mejores condiciones para los asegurados.
A esto se suma un cambio de enfoque que podría resultar transformador: transitar de un modelo reactivo a uno preventivo. Apostar por la detección temprana no solo mejora la calidad de vida de las personas, sino que reduce costos a largo plazo, tanto para usuarios como para el propio sistema.
Detrás de este impulso no hay improvisación. La iniciativa ha sido trabajada desde el año pasado, creada, consensada y respaldada por el diputado federal saltillense Jericó Abramo Masso, quien ha sostenido una postura firme frente a un tema incómodo para diversos intereses.
Jericó no ha estado exento de críticas, particularmente por parte de compañías aseguradoras que ven en estas propuestas un posible ajuste a sus esquemas de operación. Sin embargo, como el lo ha dicho, “el debate abierto y la confrontación de ideas son parte esencial de cualquier proceso de transformación”.
Si bien aún faltan dos foros por realizarse y el camino legislativo apenas comienza —con la elaboración de un dictamen que será analizado en la Comisión de Hacienda y Crédito Público antes de llegar al Pleno—, lo cierto es que se trata de avances significativos. No resuelven de inmediato los problemas estructurales del sistema de salud privado, pero sí marcan una ruta.
En los últimos días, el tema ha ganado espacio en la agenda pública, reflejo de una realidad que ya no puede ignorarse: enfermarse en México no debería significar un riesgo financiero. Estas primeras acciones abren la puerta a una discusión más amplia y necesaria, donde el paciente deje de ser visto como cliente cautivo y recupere su lugar como el centro del sistema de salud.
El reto ahora será que estos acuerdos no se diluyan en el proceso legislativo y que, una vez aprobados, se traduzcan en cambios reales. Porque en materia de salud, cada avance cuenta, pero cada omisión también pesa.
Buen fin de semana, la frase: «Si nunca lo intentas, nunca lo sabrás». Coldplay. ¡Ánimo!
