Acuerda Tribunal Superior de Justicia enviar exhorto al Congreso de Coahuila para su revisión con la finalidad de responder aún más a este principio rector
El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, Miguel Felipe Mery Ayup, fijó su postura en torno a la figura de la violencia vicaria y anunció que, por unanimidad, el Pleno de este organismo impartidor de justicia acordó, este martes, enviar un exhorto al Congreso de Coahuila para analizar técnicamente el diseño normativo contemplado en el Código Penal de la entidad.
Lo anterior, durante la Sesión del Pleno en su carácter de Tribunal Constitucional, donde se determinó revisar el alcance y configuración de esta figura jurídica, a fin de que conserve la finalidad que le dio origen y no se aparte de su perspectiva de género ni de su objetivo protector.
Mery Ayup recordó que la violencia vicaria no surgió de manera improvisada, sino como respuesta a una realidad dolorosa que busca dañar a las mujeres en contextos de violencia de género mediante la instrumentalización de hijas e hijos. En ese sentido, afirmó que desde el Poder Judicial de este estado se han asumido acciones concretas para atender compromisos internacionales aceptados por México para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer.
«Desde el Poder Judicial hemos asumido esas obligaciones con hechos. Fuimos pioneros en la creación de juzgados especializados en violencia familiar, una decisión que en su momento implicó reconocer que no todos los conflictos pueden atenderse con las mismas herramientas», expuso.
No obstante, advirtió que el diseño normativo vigente ha provocado tensiones al configurarse de manera indistinta, sin una delimitación acorde con la perspectiva de género que le dio origen, apartándose de su finalidad protectora.
Aclaró que el trato diferenciado en favor de la mujer no las exime de responsabilidad, ya que la igualdad no elimina la obligación de responder ante la ley por una conducta ilícita. Asimismo, insistió en que la violencia vicaria debe mantener la finalidad para la cual fue creada y evitar confusión con otras conductas que ya se encuentran contempladas en la legislación.
En este contexto, subrayó que, por encima de cualquier debate, el eje rector debe ser la protección de niñas, niños y adolescentes involucrados en controversias y disputas entre sus padres.
«El eje rector debe ser siempre el interés superior de la niñez como principio jurídico vinculante para todas las autoridades. Las niñas y los niños no pueden convertirse en instrumentos procesales», puntualizó.
En ese contexto, hizo un llamado a evitar el uso indebido de denuncias falsas, al señalar que «provengan de donde provengan, no ayudan a las infancias; por el contrario, las colocan en un escenario de conflicto que los daña profundamente al pagar los desacuerdos de los adultos».
Precisó que la justicia no puede prestarse a simulaciones ni a venganzas familiares. «Los tribunales no estamos para auspiciar venganzas familiares ni tampoco para ser escenarios donde se prolonguen disputas personales en perjuicio de nuestros niños y niñas», sostuvo.
Añadió que los tribunales asumen la responsabilidad de proteger, no de destruir, a las familias cualquiera que sea su configuración, al tiempo que destacó que la familia no es un modelo único ni una estructura rígida, sino una realidad social que merece tutela jurídica en todas sus expresiones.
Finalmente, reiteró que como órgano constitucional el Poder Judicial mantiene su compromiso de juzgar con perspectiva de género y con enfoque de derechos de la niñez y adolescencia, en respeto a los derechos humanos. (OMAR SOTO)
