Ciudad de México.- El año pasado, un total de 129 periodistas y trabajadores de medios de comunicación fueron asesinados en el ejercicio de su profesión, dos tercios de ellos a manos de Israel, según informó el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
Según el informe, México se ubicó en 2025 como el tercer país del mundo con más periodistas asesinados, con seis casos registrados, cifra que refleja un aumento respecto a los cinco asesinatos de 2024 y los dos de 2023.
De acuerdo con el informe especial del CPJ, estos crímenes se inscriben en un patrón de violencia crónica que ha afectado al país durante la última década.
El comité subrayó que México es uno de los países que ha fracasado de manera persistente en garantizar justicia para los asesinatos de periodistas.
La organización detalló que los seis casos de 2025 siguen sin resolverse, en un contexto en el que la corrupción generalizada y la poderosa influencia de grupos delictivos sobre la policía y la actividad política han impedido que los responsables sean identificados y procesados.
México forma parte de un grupo de cinco naciones (junto con Israel, Sudán, Rusia y Filipinas) en las que se registraron el 84 por ciento de las muertes de periodistas a nivel mundial en 2025. Mientras en otros lugares el riesgo proviene de conflictos armados y ataques con drones, como en Gaza, Ucrania y Sudán, en México los peligros están ligados principalmente a la violencia del crimen organizado, la corrupción institucional y la impunidad persistente.
Su informe indica que al menos 104 de los 129 periodistas asesinados murieron en relación con conflictos. Aparte de Gaza y Yemen, los países más mortíferos para los periodistas son Sudán, donde murieron nueve, y México, donde murieron seis. Cuatro periodistas ucranianos fueron asesinados por soldados rusos y tres periodistas murieron en Filipinas, según el informe.
El CPJ pidió a los gobiernos una reforma profunda en la investigación de los asesinatos de periodistas, incluyendo la creación de un grupo internacional de investigación y la imposición de sanciones “para garantizar justicia y proteger a los profesionales de la prensa”.
La organización enfatizó que la seguridad de los periodistas es “clave para el acceso a información veraz” y para la defensa de las libertades fundamentales.
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