Política sin altura
Hay una línea muy clara entre el debate político y la degradación de la política. Entre el cuestionamiento y el insulto. Entre exhibir malas prácticas y recurrir a la humillación y la ridiculización. Esa línea ha sido cruzada por algunos personajes en Coahuila, y lo que queda expuesto no es la corrupción del adversario, sino el bajo nivel de quienes hoy dicen representarnos.
Lo hemos visto principalmente en personales de Morena, quienes han utilizado esta narrativa como forma de confrontación más que la denuncia o el cuestionamiento.
El caso más reciente es el del diputado federal Antonio Attolini Murra, quien ha convertido sus redes sociales en un escaparate de ataques personales disfrazados de denuncia política. Nadie le niega el derecho ni la obligación de defender los proyectos de la Cuarta Transformación desde su curul y en sus distritos. Eso es, en esencia, su trabajo. Pero una cosa es impulsar una agenda legislativa y otra muy distinta es utilizar la ridiculización y la descalificación como método permanente de operación.
El ejemplo más reciente no deja lugar a interpretaciones. En una publicación desde Torreón, Attolini compartió la imagen de una persona disfrazada de rata a quien apodó “Robán”, en alusión directa al alcalde Román Alberto Cepeda, acompañada del hashtag #RománDebeCaer y la mención a un reporte de la Auditoría Superior de la Federación sobre supuestos desvíos de 350 millones de pesos.
Que un servidor público rinda cuentas es no solo válido, sino necesario. Pero que un legislador federal recurra a disfraces de roedores y apodos para señalarlo y ridiculizarlo utilizando su aspecto personal para hablar de su desempeño como servidor público dice más del acusador que del acusado. Eso no es fiscalización: es circo.
Y no es un caso aislado. Semanas antes, el mismo Attolini difundió una portada apócrifa que imitaba el diseño editorial de El Siglo de Torreón, manipulada con herramientas de inteligencia artificial, al grado de que el propio medio tuvo que emitir un desmentido público. Un legislador de esos que precisamente hacen y aprueban las leyes en este país terminó en una posible violación a la normatividad en materia de propiedad industrial y potencialmente incurriendo en conductas sancionables bajo los códigos penal y civil. La ironía no necesita explicación.
Attolini no debate ideas: ataca personas. No cuestiona al funcionario público en el ejercicio de sus responsabilidades, sino que arremete contra el individuo con motes, imágenes degradantes y narrativas construidas para la viralidad, no para la rendición de cuentas.
Lo vimos en aquel episodio bochornoso dentro del Congreso del Estado, cuando confrontó a gritos e insultos al oficial mayor, protagonizando una escena impropia de cualquier ciudadano, mucho más de un representante popular. Y lo vimos con reporteros que, por el simple hecho de ejercer su labor periodística y cuestionar su trabajo, recibieron como respuesta agresiones verbales.
Porque ahí está otro punto que no se puede ignorar: la relación del legislador con la verdad que no le conviene. Que una noticia le resulte incómoda no la convierte en falsa. Que un medio publique información que no le favorece no equivale a una campaña en su contra. Sin embargo, esa es la narrativa que Attolini y otros políticos han querido construir: quien no está con él, miente; quien lo cuestiona, lo difama; quien piensa diferente, es enemigo.
Y la confrontación pública con el exalcalde Mario López, quien tras anunciar su salida de Morena recibió la embestida del diputado en redes sociales, confirma que para Attolini la disidencia interna se combate con la misma fórmula: el ataque personal por encima del argumento político.
Pero este patrón no es exclusivo del legislador. Recordemos el caso de Tania Flores, otra figura identificada con Morena en Coahuila, quien desde su trinchera ha denunciado violencia política de género, pero en la práctica ha ejercido agresiones de este tipo y en distintas direcciones. La contradicción es evidente: no se puede abanderar una causa mientras se reproducen las mismas conductas que se dicen combatir.
Está también el caso de su hermano, Antonio Flores, diputado local del Partido del Trabajo, quien de manera reiterada responde con retos a golpes a quienes cuestionan o difieren de sus posturas. Su conducta evoca la de un personaje de películas vaqueras, retando a duelo —como ocurre en ese tipo de historias— y ofreciendo recompensas, en una narrativa que incentiva la confrontación. Resulta contradictorio que, desde una investidura pública que exige prudencia y responsabilidad, promueva actitudes que alientan la violencia en lugar de contribuir a erradicarla.
Lo que estas conductas revelan es un patrón preocupante: legisladores que recurren al insulto antes que al argumento, que ridiculizan antes que fiscalizan, que denuncian violencia mientras la ejercen y que, cuando el tema les incomoda, prefieren declararse incompetentes antes que asumir una postura.
Coahuila merece representantes que debatan con ideas, no con disfraces de rata; que defiendan sus causas sin necesidad de humillar o ridiculizar al adversario utilizando su persona y no su desempeño en la función pública; que conozcan las leyes que aprueban y que, cuando la prensa pregunte, tengan algo más que evasivas disfrazadas de honestidad.
