Adán Augusto: el poder que se retira, la impunidad que permanece
La salida de Adán Augusto López de la coordinación de Morena en el Senado no es un gesto menor ni una decisión inocua. Más allá del acomodo interno que implica para la bancada oficialista, su renuncia vuelve a colocar en el centro del debate público a uno de los personajes más controvertidos del obradorismo. No por lo que deja, sino por todo lo que arrastra consigo: una larga estela de señalamientos por corrupción, abuso de poder y redes de negocios opacos que, hasta ahora, no han tenido consecuencia legal alguna.
Adán Augusto no abandona el Senado. Permanece ahí, cobijado por el fuero constitucional que, en los hechos, opera como una muralla contra cualquier intento serio de investigación. Esa es la clave del momento político que vivimos: el poder puede reconfigurarse, pero la impunidad se conserva intacta. Y no se trata de una omisión menor. Las investigaciones periodísticas acumuladas en los últimos años han documentado irregularidades patrimoniales, uso discrecional de recursos públicos, redes de empresas fantasma, notarías al servicio de intereses privados y vínculos directos con personajes hoy procesados por delitos graves.
Entre esos nombres destaca el de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, detenido y señalado como líder de una organización criminal. Resulta, por decir lo menos, inverosímil que un gobernador no tuviera conocimiento de las actividades de su principal responsable en materia de seguridad. Sin embargo, la narrativa oficial ha optado por la negación sistemática y la protección política, como si el paso del tiempo fuera suficiente para diluir responsabilidades.
A esta red de escándalos se suma un elemento político de fondo: la protección explícita que recibe Adán Augusto desde la Presidencia de la República. Claudia Sheinbaum ha negado públicamente que exista investigación alguna en su contra, cerrando la puerta —al menos por ahora— a cualquier intento institucional de rendición de cuentas. Esa protección no sólo ampara al senador; también preserva el legado de Andrés Manuel López Obrador, quien durante años lo llamó “hermano” y lo colocó en posiciones clave del poder.
Adán Augusto se ha convertido así en un símbolo incómodo pero revelador de Morena: un movimiento que habla en nombre de los pobres, que se presenta como adalid de la justicia social, pero que tolera —y protege— a personajes que nadan entre privilegios, contratos turbios y fortunas difícilmente explicables. La retórica moral se estrella contra la realidad de los hechos.
Su salida de la coordinación no es una caída completa, sino una reubicación estratégica. Menos reflectores, menos control presupuestal, pero el mismo escudo legal. En un país que exige combatir la corrupción, este episodio confirma una verdad incómoda: con Morena, la justicia sigue siendo selectiva. Y la impunidad, para algunos, sigue siendo política de Estado.
