México está viviendo una transición silenciosa en la forma en que se decide la inversión. Durante décadas, el termómetro del crecimiento se leyó en fábricas, carreteras y parques industriales. Hoy, una infraestructura menos visible, pero igual o más estratégica, está reordenando prioridades: los data centers. No son “bodegas con servidores”. Son infraestructura crítica que concentra energía, conectividad, seguridad y continuidad operativa, y que sostiene desde pagos y logística hasta servicios industriales y gobierno. En la práctica, son el corazón físico de la economía digital. Y en 2026, se están convirtiendo también en el termómetro más honesto del nearshoring.
La razón es simple: el nearshoring ya no es solo relocalizar líneas de producción. Es relocalizar cadenas completas de valor, incluyendo datos, cómputo y automatización, en un entorno donde la inteligencia artificial y la digitalización ya no son “innovación”, sino requisito de operación. Cada nuevo servicio, cada proceso automatizado, cada analítica en tiempo real, necesita capacidad de cómputo. Y esa capacidad, aunque parezca intangible, aterriza en algo brutalmente físico: megawatts disponibles, interconexiones, redundancia, fibra, permisos y tiempos de ejecución. La economía digital no flota: se conecta.
Por eso los data centers combinan algo raro en un solo activo: demanda estructural de largo plazo, contratos extensos con clientes que no pueden “mudarse” sin costos enormes, y barreras de entrada que no se resuelven solo con dinero. Tener capital ayuda, pero no sustituye acceso a energía confiable, conectividad redundante, suelo adecuado, regulación clara y capacidad operativa. En términos financieros, son activos más cercanos a infraestructura, carreteras o plantas eléctricas, que a un proyecto inmobiliario convencional. Y para México, pueden representar inversión de calidad: anclada en contratos largos, empleo especializado y ecosistemas de proveedores.
Pero aquí está el punto incómodo: los data centers no perdonan la incertidumbre energética. Si una nave industrial puede operar con cierto margen de variación, un data center no. La continuidad es su producto. Esto vuelve a la electricidad el cuello
de botella más determinante del nearshoring 2.0: no el discurso, no el anuncio, no la primera piedra; la disponibilidad real y contractual de energía, con horizonte de años, y con calidad de suministro. Cualquier proyecto que no tenga resuelto este punto desde el inicio está condenado a quedarse en el papel. Esa sentencia, aplicada a la ola de IA y digitalización, ya no es una advertencia técnica; es una tesis económica.
En paralelo, la geografía de esta inversión también está cambiando. Históricamente, los data centers se concentraron en algunas regiones. Esa concentración empieza a toparse con límites muy concretos: saturación eléctrica, encarecimiento de la tierra y mayores tiempos para interconexiones. Eso abre una ventana para mercados emergentes —especialmente estados industriales con suelo, logística y conectividad—, pero solo si pueden “ordenar el rompecabezas” energético y regulatorio desde el diseño. México no compite únicamente por atraer a los gigantes globales de la nube; también compite por una capa crítica de infraestructura especializada que complementa el ecosistema: centros regionales, servicios dedicados a empresas que no pueden depender de instalaciones a cientos de kilómetros, y capacidades de procesamiento cercanas a la operación industrial.
No es casual que algunos gobiernos estatales estén llevando este mensaje al mercado. En días recientes, Nuevo León ha insistido en su infraestructura energética y avances en IA como parte de su narrativa para atraer inversión, con promoción directa ante inversionistas internacionales, precisamente en el cruce entre nearshoring e infraestructura tecnológica. Ahí hay una señal: los estados que entiendan que la competitividad industrial del siguiente ciclo se decide en energía más datos, serán quienes atraigan más que naves; atraerán cadenas tecnológicas completas.
El reto, sin embargo, no es solo técnico. Es regulatorio y de coordinación. Un data center requiere permisos ambientales, uso de suelo, gestión de combustibles de respaldo, derechos de vía para fibra óptica, seguridad, agua en algunos casos, y un calendario realista de interconexión. Cada uno de esos elementos por separado puede ser gestionable; el problema es la suma, la secuencia y los tiempos. Y aquí aparece la paradoja que hace interesante el tema desde una óptica de innovación: los mismos obstáculos que frenan proyectos son los que crean una barrera de entrada que vuelve a los proyectos bien estructurados activos muy valiosos. Quien resuelve el rompecabezas crea ventaja competitiva. Quien lo subestima, fracasa aun con capital.
Hoy por hoy, México suele pensar que la inversión llega por ventaja geográfica, tratados y mano de obra. En 2026, esa idea se está quedando corta: la inversión más estratégica está llegando, o dejando de llegar, por algo menos fotogénico, pero
más determinante: la electricidad. Y aquí la controversia: si el país no acelera capacidad y certidumbre energética, el nearshoring no se “pierde” de golpe; se privatiza por región. No lo ganará México: lo ganarán dos o tres estados con red, permisos y ejecución, mientras el resto verá pasar la ola como espectador. En otras palabras, la economía digital no va a esperar a que el país se ponga de acuerdo: ya está premiando a quien puede conectarla hoy.
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