En sesión del Congreso del Estado, se aprobó un punto de acuerdo presentado por la diputada Beatriz Eugenia Fraustro Dávila para solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a las autoridades fiscales competentes del Estado y sus municipios; a que, en el ámbito de sus atribuciones, analicen y en su caso implementen programas extraordinarios y temporales de facilidades de pago y regularización dirigidos a personas físicas y morales con adeudos fiscales.
Lo anterior, con motivo de la entrada en vigor, a partir del 1 de febrero, del valor actualizado de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) correspondiente al ejercicio fiscal 2026; con el objetivo de mitigar el impacto económico derivado de dicho ajuste, fomentar la regularización voluntaria y reducir los niveles de morosidad.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) confirmó recientemente el nuevo valor de la UMA. Si bien, el ajuste anual constituye un mecanismo necesario para actualizar montos, referencias económicas y obligaciones administrativas; también, genera presiones adicionales sobre las y los contribuyentes, particularmente aquellos que cuentan con adeudos pendientes, informó la diputada.
Dicho ajuste impacta de manera significativa a personas que, por diversas circunstancias, presentan retrasos o situaciones de morosidad, lo que dificulta su regularización y el cumplimiento oportuno de sus obligaciones fiscales.
En estos casos, la implementación de programas extraordinarios y temporales de facilidades de pago ha demostrado ser una herramienta eficaz para incentivar la regularización voluntaria y reducir niveles de incumplimiento.
“La adopción de facilidades administrativas, esquemas de pago en parcialidades y la reducción de recargos y multas con motivo del ajuste de la UMA podría contribuir a mitigar su impacto económico, evitar el incremento de adeudos pendientes y fortalecer la regularización fiscal”, puntualizó Beatriz Fraustro. (El Heraldo de Saltillo)
