En sesión del Congreso de Coahuila, se aprobó un punto de acuerdo presentado por el diputado Jesús Alfredo Paredes López, para solicitar al Congreso de la Unión, que por conducto de las comisiones que estimen pertinentes, se elabore un proyecto de ley que permita garantizar que las personas que son víctimas de delitos como el robo de dinero de las cuentas bancarias y asignación de créditos no solicitados y cobrados por terceros (estafadores), puedan acceder a la información necesaria para verificar quién recibió el dinero y quién realizó los tramites, como medida para poder demostrar su inocencia y afectación ilegal a su patrimonio.
El diputado señaló casos de vaciado o robo de cuentas de débito y de ahorro sin explicación alguna para los cuentahabientes, es decir, cuando no compartieron sus datos bancarios con nadie, ni los engañaron por teléfono o Internet. Y tampoco le dieron su NIP a otra persona y, a pesar de eso, son despojados de sus fondos. Otro fraude frecuente es la asignación de créditos no solicitados, donde los clientes descubren cargos por préstamos que nunca pidieron.
Ante ello, los bancos suelen alegar en perjuicio del cliente que él fue quien hizo la transferencia o lo acusan de haber compartido sus datos en forma indebida. En el caso de los retiros en ventanilla, acusan al afectado de haber sido quien hizo el retiro, pero no es verdad,
El diputado mencionó que si el banco tuviera razón, podría demostrarlo fácilmente, de no hacerlo, debería asumir su responsabilidad. No obstante cuando el cliente solicita conocer quién y cuáles fueron los trámites que se siguieron para realizar la estafa, la respuesta es no, debido al secreto bancario: “Y la pregunta es lógica: ¿Cuál secreto bancario, si le están diciendo al usuario que él recibió el dinero? ¿Cuál secreto bancario si la deuda la está pagando el afectado?” expuso el diputado, recalcando que en todos los casos antes señalados, el secreto bancario no le puede aplicar a la víctima.
En los meses recientes en el Congreso de la Unión se han aprobado reformas para proteger a los usuarios, pero entre otras cosas que deben ser reguladas para acabar con los fraudes y elevar la seguridad de los usuarios de la banca al máximo, falta lo expuesto por el legislador.
“Los cuentahabientes afectados por fraudes tienen todo el derecho de acceder a los expedientes, videos, controles digitales y demás de la banca, cuando la propia institución les imputa que ellos hicieron la operación, que ellos hicieron la transferencia, que ellos recibieron el dinero, que ellos solicitaron el crédito y lo cobraron” argumentó Paredes, asimismo mencionó que para esto se requiere una reforma legal que permita ampliar la transparencia de los servicios bancarios y hacer una excepción al secreto bancario única y exclusivamente para casos como los señalados. (El Heraldo de Saltillo)
