En sesión del Congreso del Estado, se aprobó un punto de acuerdo presentado por la diputada Beatriz Eugenia Fraustro Dávila, para solicitar respetuosamente al Congreso de la Unión, que en el ámbito de sus atribuciones y tomando como referencia las iniciativas previamente presentadas en la materia, impulse y continúe de manera prioritaria el proceso legislativo para la construcción de un marco regulatorio integral de la inteligencia artificial en México, que garantice la protección de los derechos humanos, seguridad jurídica, ética y la transparencia en el uso de estas tecnologías.
Lo anterior, privilegiando la implementación de un proceso de parlamento abierto que permita la participación efectiva de la ciudadanía, la academia, la comunidad científica y los sectores especializados.
El punto de acuerdo menciona que la inteligencia artificial se ha reconvertido en un riesgo, al ser utilizada como herramienta para cometer delitos y otros actos ilícitos como fraudes, estafas, delitos de índole sexual, violencia digital, robo de identidad, entre otros, así como la generación de información falsa y el incremento de la dependencia tecnológica.
Este escenario plantea desafíos significativos para la protección de los derechos humanos, lo que implica una clara responsabilidad de los gobiernos para prevenir vulneraciones, con énfasis particular en el derecho a la privacidad, la protección de datos y la no discriminación.
Más de 50 iniciativas se han puesto a consideración del Poder Legislativo Federal con la finalidad de regular el uso de la IA. Además, en el Senado se presentó la Agenda Nacional de la Inteligencia Artificial para México 2024-2030, con el propósito de establecer un marco de referencia que promueva la integración de la inteligencia artificial como un motor para la inclusión y el desarrollo social, económico y educativo del país.
No obstante, estos esfuerzos, a la fecha no se ha logrado consolidar una legislación integral que regule el desarrollo y uso de la IA, ni que atienda de manera clara los desafíos jurídicos que plantea esta tecnología.
“La falta de una legislación específica coloca a nuestro país en una posición de rezago frente a otras naciones que ya cuentan con lineamientos éticos y jurídicos para el desarrollo y uso de la inteligencia artificial. Esta omisión incrementa los riesgos para la ciudadanía y puede limitar la innovación y frenar un crecimiento responsable de estas tecnologías” expresó la diputada Beatriz Fraustro. (El Heraldo de Saltillo)
