Las protestas antigubernamentales continúan en todo el país. El Alto Comisionado insta a las autoridades a detener de inmediato todas las formas de violencia y represión contra los manifestantes pacíficos y las llama a restablecer el acceso completo a internet y las telecomunicaciones.
Ginebra, Suiza.- El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su horror por la creciente violencia ejercida por las fuerzas de seguridad iraníes contra los manifestantes en diversas ciudades del país, que habrían dejado cientos de muertos y miles de detenidos.
Las manifestaciones antigubernamentales continúan en todo Irán, por lo que Volker Türk instó a las autoridades a detener de inmediato todas las formas de violencia y represión contra los manifestantes pacíficos y las llamó a restablecer el acceso completo a internet y las telecomunicaciones.
“La muerte de manifestantes pacíficos debe cesar”, subrayó Türk, y agregó que es “inaceptable” calificar a los manifestantes de ‘terroristas’ para justificar la violencia contra ellos.
Nueva represión de las protestas
Desde el 28 de diciembre, los ciudadanos han salido a las calles en todas las provincias de Irán, inicialmente para expresar su frustración por la inflación récord, el aumento vertiginoso de los precios de los alimentos y el repentino colapso de la moneda nacional.
Türk recordó que también hubo protestas en 2022, con amplios sectores de la población exigiendo un cambio fundamental en la forma en que se gobernaba el país, “y una vez más, la reacción de las autoridades es recurrir a la fuerza bruta para reprimir las demandas legítimas de cambio”.
El Alto Comisionado afirmó que el ciclo de violencia atroz no puede continuar. “El pueblo iraní y sus demandas de equidad, igualdad y justicia deben ser escuchados”, declaró.
Además, enfatizó que todas las muertes, la violencia contra los manifestantes y otras violaciones de los derechos humanos deben investigarse y los responsables deben rendir cuentas.
Llamamientos a la pena de muerte, “extremadamente preocupantes”
Türk indicó que, según los informes recibidos, varios hospitales están desbordados por el número de heridos, entre los que se encuentran niños. Los cortes de internet han dificultado la verificación, aunque algunos servicios telefónicos se restablecieron parcialmente.
Las informaciones también dan cuenta de muertes entre miembros de las fuerzas de seguridad.
“Es extremadamente preocupante ver declaraciones públicas de algunos funcionarios judiciales que aluden a la posibilidad de que se aplique la pena de muerte contra los manifestantes mediante procedimientos judiciales acelerados”, añadió.
Desde el 8 de enero, las autoridades iraníes han impuesto un bloqueo de internet en todo el país, lo que afecta los derechos de las personas a la libertad de expresión y al acceso a la información, interrumpe los servicios de emergencia y de salvamento y obstaculiza la supervisión independiente de los derechos humanos, recordó.
“Los iraníes tienen derecho a manifestarse pacíficamente”, insistió Türk, y precisó que sus quejas deben ser escuchadas y atendidas, y no instrumentalizadas por nadie”.
Poner fin a la violencia y promover el diálogo
Por otra parte, un grupo de expertos en derechos humanos instó a Irán a romper el ciclo de violencia y crear un espacio para el diálogo.
“El uso de fuerza letal contra manifestantes pacíficos, las detenciones arbitrarias -incluidas las de niños-, y los ataques contra instalaciones médicas constituyen claras violaciones de las leyes internacionales de derechos humanos”, recalcaron.
El uso letal y excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, denunciado en los últimos días, ha incluido disparos directos contra manifestantes en su mayoría pacíficos con fusiles, escopetas cargadas con perdigones metálicos, cañones de agua y gas lacrimógeno, además de palizas.
Asimismo, los informes indican allanamientos a hospitales, el uso de gas lacrimógeno dentro de instalaciones médicas e intentos de arrestar a manifestantes heridos, mientras que más de 2600 personas han sido detenidas, entre ellas estudiantes.
En cuanto a los informes sobre la imposición de penas de muerte, los expertos advirtieron que, “de ser ejecutadas, estas penas se sumarían a las presuntas ejecuciones extrajudiciales de manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad en las calles, con el agravante de ser ejecuciones sancionadas por el Estado”. (ONU NOTICIAS)
