Aranceles al gigante: México redefine su política comercial frente a China y Asia
El anuncio de que, a partir del 1 de enero de 2026, México que impondrá gravámenes de entre el 5 % y el 50 % a más de 1,400 productos provenientes de China y otros países asiáticos sin tratados comerciales vigentes, representa un momento crucial en la política comercial del país y de la región. Este cambio, aprobado por el Senado y la Cámara de Diputados con el respaldo de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, modifica profundamente décadas de alineamiento mexicano con el libre comercio multilateral y con políticas de apertura económica que colocaron a México como uno de los países con mayor número de tratados de libre comercio en el mundo.
Desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y su evolución al TMEC (USMCA), la estrategia comercial mexicana descansó en la integración a cadenas productivas norteamericanas, la atracción de inversión extranjera directa y un modelo exportador con preferencia por Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, en un entorno global caracterizado por tensiones comerciales crecientes y redefiniciones de cadenas de suministro, la lógica de libre comercio ha coexistido con prácticas unilaterales por parte de potencias económicas. La nueva política arancelaria responde a una percepción de “competencia desleal” de productos particularmente chinos, con precios muy bajos respaldados por economías de escala y subsidios estatales. Según autoridades mexicanas, los aranceles buscan proteger industrias nacionales frente a prácticas de dumping y competencia asimétrica, defendiendo empleos locales y sectores estratégicos.
La reforma aprobada modifica la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación (LIGIE), estableciendo nuevos gravámenes para productos procedentes de países sin acuerdos comerciales con México. Las tasas que entrarán en vigor desde enero de 2026 oscilan entre el 5 % y el 50 %, afectando principalmente bienes finales como vehículos, autopartes, textiles, calzado, electrodomésticos, plásticos y metales. Sectores productores han acogido la medida con expectativas de mayor protección frente a la competencia externa, mientras expertos advierten sobre posibles efectos inflacionarios para los
consumidores internos y disrupciones en cadenas de suministro que dependen de insumos importados.
Desde el punto de vista fiscal, el gobierno mexicano proyecta incrementar la recaudación en miles de millones de pesos y consolidar alrededor de 350 000 empleos protegidos en sectores industriales vulnerables, según declaraciones del secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Esta recaudación adicional podría fortalecer el presupuesto federal en momentos de crecimiento moderado de la economía mexicana. No obstante, la carga arancelaria también implica un riesgo de aumento de costos para industrias que dependen de insumos importados, y de traslación de costos al consumidor final, especialmente en bienes duraderos como automóviles o electrodomésticos. Un impacto secundario podría ser la presión inflacionaria en sectores sensibles.
El gobierno chino ha expresado su profunda preocupación por el incremento de aranceles y ha pedido a México “corregir lo antes posible” estas medidas unilaterales, calificándolas de proteccionistas y perjudiciales para los intereses comerciales mutuos. Tanto autoridades como empresas chinas consideran que los nuevos impuestos distorsionan el comercio y pueden desencadenar respuestas recíprocas. Además de China, otros países asiáticos afectados, como Corea del Sur e India, han advertido sobre posibles represalias o revisiones de sus políticas comerciales bilaterales, aunque algunos matizan el impacto afirmando que las tarifas tendrán “efectos limitados” sobre ciertos sectores.
Un elemento central en el debate es el contexto más amplio de las negociaciones comerciales de México con Estados Unidos, particularmente con la revisión del USMCA (TMEC) prevista para 2026. Expertos sugieren que México utiliza esta política arancelaria como palanca de negociación frente a Washington, en momentos en que la administración estadounidense ha impuesto y mantenido aranceles sobre productos mexicanos bajo la presidencia de Donald Trump, en medio de disputas sobre agua, inmigración y déficit comercial. Aunque el gobierno mexicano ha negado que la medida se dirija específicamente contra China o en consonancia con la política estadounidense, la coincidencia de tiempos y los intereses estratégicos compartidos en limitar el acceso chino a cadenas de valor norteamericanas dan una dimensión geopolítica a la reforma arancelaria.
Hoy por hoy, la decisión de México de imponer aranceles a productos chinos y asiáticos reconfigura el debate sobre la política comercial nacional: ¿protección legítima o un capricho proteccionista con costos ocultos? Al apostar por barreras arancelarias, México podría ganar espacios productivos a corto plazo, pero abandona la doctrina de apertura que impulsó décadas de crecimiento exportador. En un mundo donde los bloques comerciales se fragmentan y la rivalidad entre
potencias económicas se intensifica, esta jugada puede interpretarse tanto como una defensa necesaria de la industria nacional como un riesgo calculado que alinea a México con políticas que históricamente han encarecido bienes y erosionado relaciones diplomáticas, dejando abierta la pregunta: ¿fortalece México su soberanía comercial o sacrifica estabilidad por beneficios temporales?
X:@pacotrevinoag
