El diputado Gerardo Aguado Gómez advirtió que el reciente escándalo relacionado con Grupo Minsa, empresa propiedad de Altagracia Gómez, asesora del gobierno federal de Morena, revela con claridad el uso faccioso del poder para beneficiar a unos cuantos mientras millones de productores del campo son ignorados por la administración actual.
“Mientras los campesinos bloquean carreteras exigiendo precios de garantía justos, el gobierno de Morena les da la espalda y, en contraste, paga hasta siete veces más caro por la harina de una empresa ligada directamente a una asesora de su propio gobierno. Eso no es apoyar al campo; es corrupción con sello oficial”, señaló.
Aguado Gómez enfatizó que este caso no es un hecho aislado, sino parte de un patrón que se ha repetido durante el sexenio: asignaciones opacas, contratos preferenciales y beneficios millonarios a perfiles cercanos al poder morenista.
“Es el mismo estilo de gobierno: austeridad para el discurso, privilegios para los amigos. Morena prometió combatir la corrupción, pero en los hechos construyó un sistema para premiar a quienes orbitan alrededor del poder político.”
El legislador recordó que Coahuila es ejemplo nacional de manejo responsable de los recursos, porque aquí se protege el presupuesto, se fortalece la seguridad y se cuida el desarrollo económico con seriedad y visión de largo plazo.
“En Coahuila hay orden, instituciones fuertes y transparencia. Por eso hay resultados. El contraste con Morena es brutal: mientras allá se protege a una élite cercana al poder, aquí protegemos a la gente y al futuro del estado.”
Aguado llamó a que el caso Minsa sea investigado a fondo por las instancias correspondientes, ya que implica recursos públicos que deberían destinarse a fortalecer la producción rural, no a enriquecer a quienes cuentan con cercanía política.
“México necesita un gobierno que acompañe al campo, no uno que lo utilice como discurso mientras premia a sus propios asesores. El país merece verdad, justicia y transparencia.”
Finalmente, el diputado reiteró que este tipo de prácticas obligan a las fuerzas políticas responsables a redoblar su compromiso con la fiscalización y el uso honesto del presupuesto público en todo el país. (El Heraldo de Saltillo)
