La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvo la tarde de este lunes en la ciudad de Chihuahua al ex Gobernador César Duarte por presuntamente haber lavado dinero desviado del Gobierno estatal.
El ex mandatario, quien gobernó bajo las siglas del PRI, fue capturado en la lateral de Periférico de la Juventud, en la colonia Jardines de San Francisco, y trasladado al Penal del Altiplano, en el Estado de México.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la orden de captura ejecutada a Duarte fue librada desde el 16 de mayo de 2024 por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México.
Pero las autoridades federales tardaron más de un año y medio en cumplimentar el mandamiento judicial, porque Estados Unidos tardó un año y dos meses en darles el permiso para procesarlo por una imputación distinta a la que fue motivo de su extradición.
«César ‘N’ había sido detenido previamente el 8 de julio de 2020 en Miami, Florida, y extraditado a México el 2 de junio de 2022, por los delitos de peculado y asociación delictuosa, investigado en el estado de Chihuahua, cuyo proceso está siendo tramitado por la Fiscalía local», dijo la FGR.
«El 4 de octubre de 2024, se tramitó ante el Gobierno de los Estados Unidos de América la autorización para poder procesarlo por un delito distinto a los de peculado y asociación delictuosa, misma que fue concedida el 4 de diciembre de 2025».
La Fiscalía se limitó a decir que en este asunto se imputa a Duarte su supuesta intervención como Gobernador «en un esquema de lavado de dinero, en el que pretendió ocultar recursos de procedencia ilícita desviados de las arcas estatales, utilizando para ello el Sistema Financiero Mexicano».
A nivel federal, había una indagatoria contra el exmandatario porque presumiblemente adquirió en 65 millones de pesos el 15 por ciento de las acciones del Banco Progreso Chihuahua, supuestamente con dinero del erario.
Sin embargo, ese expediente era una averiguación previa y no una carpeta de investigación, por lo que el caso judicializado en Almoloya probablemente sea distinto.
De hecho, el 13 de marzo de 2018, en el último año del sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto, la entonces PGR archivó por falta de elementos el caso de la compra del Banco Progreso Chihuahua, ya que concluyó que la adquisición se hizo con recursos de sus actividades económicas diversas al servicio público y con un préstamo.
Duarte, quien gobernó Chihuahua de 2010 a 2016, originalmente fue extraditado para enfrentar un proceso por un presunto peculado y asociación delictuosa por 96 millones 685 mil 253 pesos.
Tras su repatriación, fue internado en el Penal de Aquiles Serdán, en Chihuahua, donde estuvo preso hasta el 6 de junio de 2024, cuando le modificaron la medida cautelar y le permitieron llevar su proceso fuera de prisión.
Esta no es el primer caso en el que Estados Unidos otorga su aval para proceder penalmente contra el imputado, con base en una investigación distinta a la que dio origen a su entrega a las autoridades mexicanas.
En agosto de 2023, con la anuencia de los estadounidenses, el ex Gobernador fue vinculado a proceso por el delito de peculado, derivado de otro presunto desvío de 120 millones de pesos.
En las próximas horas Duarte comparecerá ante un juez de control de Almoloya de Juárez, en una audiencia en la que fiscales federales formularán la imputación y pedirán su vinculación a proceso. De ocurrir esto último, será el tercer procedimiento penal que se inicie contra el chihuahuense.
«La persona mencionada en este comunicado es considerada inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente», dijo esta tarde la FGR en el comunicado. (Agencia Reforma)
