Continúan diputados proceso de actualización del orden jurídico estatal
Durante la sesión del Congreso de Coahuila celebrada este miércoles, las diputadas y diputados de la LXIII Legislatura aprobaron por unanimidad el dictamen de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia con relación a una iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se abroga la Ley Reglamentaria para los Juzgados del Registro Civil y Campos Mortuorios del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 20 de enero de 1906.
En este dictamen, se dio a conocer que si bien esa ley tiene validez formal e intrínseca toda vez que fue emitida y promulgada de conformidad con los procedimientos y requisitos establecidos por nuestro sistema jurídico, hoy carece de validez fáctica, esto es, de eficacia en la práctica o en los hechos al no tener un impacto real en las situaciones o escenarios jurídicos que regula, por lo cual materialmente no puede ser aplicada.
Cabe mencionar que dicha legislación es la de más larga data en el orden jurídico estatal, pues en este caso, a 119 años de ser emitida, la realidad de la época actual es totalmente distinta a la que prevalecía en aquel entonces, de manera que hoy sus disposiciones, no dan respuesta a las demandas y necesidades sociales actuales ni responden a los esquemas de competencia definidos por la Constitución General de la República y la Constitución del Estado en lo referente a la prestación del servicio público de panteones ni en materia de salubridad.
Además, se informó que la abrogación propuesta constituye un paso indispensable para fortalecer el derecho humano a la seguridad jurídica de todas las personas en Coahuila, ya que mantener vigente una norma que no puede aplicarse materialmente genera incertidumbre, contradicción normativa y posibles riesgos de discrecionalidad.
También se estableció que la permanencia de leyes obsoletas reproduce desigualdades históricas en el acceso a la justicia y a los servicios públicos, por lo que esta actualización normativa es un acto que contribuye a construir entornos institucionales más equitativos, respetuosos de la dignidad humana y sensibles a la diversidad de situaciones que viven las familias que requieren servicios relacionados con el registro civil o la disposición final de cuerpos. (ÁNGEL AGUILAR)
