Este centro vendrá a completar todo el ciclo de atención: asesoría jurídica, apoyo psicológico, trabajo social, medidas de protección, empoderamiento y acompañamiento especializado
Ramos Arizpe avanza hacia la creación de un Centro de Justicia y Empoderamiento para la Mujer (CJEM), un proyecto impulsado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino y respaldado por la Secretaría de las Mujeres en Coahuila. La titular de esa Secretaría, Mayra Valdés González, expuso que el ayuntamiento ya dispone del área destinada para este nuevo espacio, el cual permitirá brindar atención integral a mujeres que enfrentan situaciones de violencia.
Valdés González explicó que en 2024 se presentó el proyecto ante la Federación; sin embargo, los recursos federales fueron muy limitados y solo se autorizó la construcción de un CJEM en otra región del estado. Ante esta situación, el alcalde de Ramos Arizpe decidió no detener el avance del proyecto.
“El alcalde ya tiene identificado el terreno y trabaja en la escrituración para volver a presentar la propuesta ante Federación. Pero nos dijo claramente: el Centro de Justicia para Ramos se hace sí o sí; si llega el recurso federal, perfecto, y si no, él lo construye con recursos municipales”, señaló la secretaria.
El proyecto elaborado el año pasado estimó una inversión de entre 27 y 30 millones de pesos para la edificación del inmueble. Tradicionalmente, la Federación aporta cerca del 70 por ciento del costo total, mientras que el Estado y el municipio cubren el 30 por ciento restante. Aunque las cifras podrían ajustarse, Valdés González destacó que el gobierno municipal ya contempló esta obra dentro de su planificación para el próximo año.
“Este centro vendrá a completar todo el ciclo de atención: asesoría jurídica, apoyo psicológico, trabajo social, medidas de protección, empoderamiento y acompañamiento especializado. Es un modelo mucho más amplio que lo que hoy se ofrece”, explicó.
En cuanto a operación y servicios, Valdés González detalló que la plantilla laboral del CJEM estaría integrada por entre 30 y 50 profesionales, cuyo proceso de contratación deberá formalizarse mediante un convenio entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento. (EDUARDO SERNA)
