Columna de El Colegio de Economistas de Coahuila, A.C.
Repensando el Impuesto Predial como Política Pública Metropolitana
Por: Mtro. Jesús Javier González Alcázar
Continuando con la línea editorial de las últimas semanas sobre la importancia de la recaudación local del impuesto predial como instrumento de desarrollo local, fortalecimiento del contrato fiscal y de la moral tributaria, se plantea en este espacio, además, repensarlo como política pública metropolitana, más allá del municipio aislado.
En las grandes ciudades mexicanas, donde más del 55% de la población reside en 74 zonas metropolitanas que concentran el 75% del PIB nacional, la política fiscal local exige integración intermunicipal, lo que puede contribuir a mejorar la eficiencia recaudatoria, pero también a fortalecer el contrato fiscal donde exista una reciprocidad basada en el principio de que los ciudadanos aportan impuestos y los gobiernos responden con servicios de calidad como vialidades, movilidad, agua, recolección de basura, alumbrado, seguridad y protección civil; servicios que trascienden límites municipales en contextos metropolitanos.
Consideremos una situación típica, pagamos el impuesto predial en un municipio periférico, con lo que se financian servicios como alumbrado o parques y jardines que benefician a quienes llegan del centro en horas pico, mientras que otras personas en la cabecera municipal enfrentan problemas de movilidad (tráfico intenso), de contaminación, o de servicios básicos de vivienda saturados; por lo que no perciben un retorno claro de su pago del impuesto.
A esto hay que sumar la fragilidad recaudatoria que se traduce en escasos recursos para financiar el desarrollo económico local. Los municipios de México recaudan apenas 0.2% del PIB por el impuesto predial, una cifra demasiado baja comparada con el 0.6% en Brasil, 0.8% en Chile o 2.5% en Estados Unidos de Norteamérica, además de tener una recaudación débil, hay amplias y muy marcadas diferencias regionales, de las 74 zonas metropolitanas del país, existen entre 2013 y 2024, 31 zonas metropolitanas que han registrado en términos reales un declive en su recaudación de este impuesto a nivel per cápita, lo que se traduce en importantes externalidades negativas, los municipios con menos recursos subinvierten en bienes públicos compartidos (por sus relaciones metropolitanas) como calles y avenidas o transporte, lo que genera incentivos para el efecto «free-rider», donde unos pagan y otros se benefician sin contribuir.
La teoría de la equivalencia fiscal de Mancur Olson “The Principle of Fiscal Equivalence: The Division of Responsibilities among Different Levels of Government (1969)” argumenta que para una provisión eficiente de bienes públicos, las jurisdicciones responsables de recaudar impuestos deben coincidir exactamente con el grupo de beneficiarios de esos bienes, es decir que las responsabilidades deben alinearse con los beneficiarios para lograr eficiencia, pero en las metrópolis policéntricas mexicanas, las diferencias administrativas crean necesariamente profundas inequidades. Estudios de Slack y Bird muestran que la gobernanza metropolitana define los incentivos para recaudar, mientras Bahl y Linn advierten que la fragmentación extrema limita la eficiencia fiscal local.
La solución probada en diferentes países es la cooperación intermunicipal. En Francia, más del 40% de los ingresos municipales provienen de las llamadas “communautés d’agglomération” (establecimientos públicos de cooperación intermunicipal ) que coordinan la recaudación del predial, infraestructura y servicios entre ayuntamientos. Brasil integra distritos de finanzas locales en consorcios para mejorar la calidad urbana; y en Minnesota, desde 1971, el programa “Fiscal Disparities” distribuye la base gravable comercial e industrial de manera intermunicipal, lo que reduce desigualdades y eleva pagos voluntarios al mostrar un vínculo directo: «Mi predial mejora escuelas y calles para todos». En México, el IMCO advierte: “sin mecanismos metropolitanos, no habrá mejora sustantiva en la recaudación”.
¿Qué se puede hacer en las zonas metropolitanas de México?, se pueden explorar algunas medidas concretas de cooperación intermunicipal metropolitana que pueden contribuir a mejorar la recaudación y la prestación de servicios públicos, mejorando la moral tributaria y rompiendo con vicios como el ciclo político electoral al trascender el espacio territorial municipal: convenios metropolitanos con catastro interoperable, banco de datos unificado, homologación de valuaciones y fiscalización compartida, comités tripartitos (gobiernos locales, sector privado y sociedad civil) para financiar movilidad transfronteriza, espacios públicos y vivienda.
Scott y Storper describen las metrópolis como economías integradas que requieren coordinación, no aislamiento municipal. Estas medidas romperían ciclos de subinversión, generarían plusvalía y fortalecerían ciudades sostenibles. La OCDE recomienda para México una gobernanza metropolitana contra la fragmentación fiscal.
- El autor es presidente del Colegio de Economistas de Coahuila
