Extorsión: cuando la ley avanza, pero el Estado retrocede
La aprobación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión debería representar un paso decisivo contra uno de los crímenes que más lastiman al país. Sin embargo, queda claro que el oficialismo está más preocupado por simular, y por proteger a los criminales en lugar de proteger a las víctimas.
Y es que incluso la mejor ley fracasa si no hay Estado que la haga cumplir. La realidad es que no existe presupuesto específico para implementar la ley: la fiscalía que asumiría estos casos cuenta apenas con 27.7 millones de pesos, insuficientes para tecnología, inteligencia, equipo o vehículos, lo mínimo indispensable para combatir el delito de forma seria.
Mientras tanto, las víctimas acumulan pérdidas y miedo. Coparmex alerta que la extorsión tiene “de rodillas a miles de empresarios”. Las pérdidas económicas para el sector privado ya superan los 21 mil millones de pesos en 2025. Eso equivale, en términos laborales, a más de 100 mil empleos formales durante un año para trabajadores que ganan dos salarios mínimos. Cada peso robado por los extorsionadores se traduce en menos inversión, menos oportunidades, más quiebras y mayor informalidad.
La ENVIPE confirma que la extorsión continúa escalando: pasó de 5,213 a 5,971 delitos por cada 100 mil habitantes en un año. No estamos ante un fenómeno aislado, sino ante un sistema criminal que ha encontrado terreno fértil en la ausencia de autoridad. En muchos estados, la extorsión es ya una especie de “impuesto alterno” que se extiende desde mercados y transporte hasta actividades agrícolas e industriales.
Todos hemos recibido esas llamadas o esos mensajes de correo o de WhatsApp que los grupos criminales utilizan para intentar extorsionarnos. Es evidente que ellos sí disponen de recursos suficientes para delinquir, por eso, queda muy mal que tengamos una ley que no se hace acompañar de los recursos necesarios para su aplicación.
No podemos seguir en esta combinación tóxica: leyes que prometen mucho, funcionarios que arriesgan poco, criminales que temen nada y víctimas que lo pierden todo. Si el Gobierno quiere presumir una estrategia contra la extorsión, debe empezar por donde duele: presupuesto, profesionalización e inteligencia. Sin eso, la ley será solo un discurso más. Y el país, un territorio cada vez más caro para vivir, producir e invertir.
