En julio pasado, la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, lanzó una recomendación que debería ponernos a pensar: los países deben invertir en modelos lingüísticos jurídicos nacionales.
En realidad, toca algo muy profundo: en México ¿quién decidirá cómo habla la justicia en los próximos años? ¿Nosotros… o una máquina extranjera?
Hoy, la inteligencia artificial está en nuestras búsquedas de internet, en los textos que redactamos e incluso —cada vez más— en los tribunales. Hay sistemas que ordenan expedientes, resumen sentencias o sugieren criterios jurídicos. Todo parece más rápido, más eficiente, más limpio. Pero detrás de esa modernidad hay una pregunta incómoda: ¿de quién es el lenguaje que están aprendiendo esas máquinas?
Un modelo lingüístico jurídico nacional no es otra cosa que un sistema de inteligencia artificial entrenado con las leyes, sentencias, términos y prácticas jurídicas propias de un país.
Si los tribunales mexicanos usan modelos diseñados en otros lugares, esas máquinas no entenderán lo que significa un “municipio libre”, “ejido” o “amparo”. No solo porque no existen en otros sistemas, sino porque cada palabra del derecho mexicano lleva siglos de historia y matices culturales que una IA extranjera no conoce.
Por eso Naciones Unidas habla de invertir. No solo en dinero, sino en talento, infraestructura y visión. Invertir significa apostar por nuestra soberanía judicial: crear herramientas que sirvan a nuestros tribunales, respeten nuestras leyes y protejan nuestros datos.
Porque si los expedientes judiciales empiezan a procesarse en sistemas extranjeros, no solo estaremos entregando información sensible, sino también parte de nuestra independencia.
Además, México tiene un reto adicional: su diversidad lingüística y cultural. Hay una variedad de lenguas indígenas reconocidas oficialmente, y miles de personas enfrentan procesos judiciales sin intérpretes adecuados. Un modelo lingüístico entrenado también en esas lenguas podría ayudar a traducir, interpretar y garantizar que la justicia sea realmente accesible para todas las personas, no solo para quienes hablan español jurídico.
Esta recomendación debería resonar especialmente entre las presidentas y presidentes de los tribunales de justicia estatales.
Ellos pueden dar el primer paso: digitalizar sus sentencias, construir bases de datos abiertas, colaborar con universidades y centros tecnológicos locales. No se trata de competir con Silicon Valley, sino de garantizar que la justicia mexicana siga hablando con su propia voz.
La tecnología no es enemiga de la justicia, pero sí puede ser su sombra si no se usa con cuidado. En un futuro cercano, los algoritmos participarán en cada etapa del proceso judicial: desde la gestión de expedientes hasta la redacción de resoluciones. Si esos algoritmos no se entrenan aquí, con nuestras leyes y nuestros valores, estaremos dejando que otros decidan por nosotros cómo debe sonar la justicia.
En el fondo, esta discusión no es sobre máquinas, sino sobre poder. Porque quien controla el lenguaje, controla la forma en que entendemos el mundo… y también la forma en que se imparte justicia. De eso se trata esta llamada de atención de Naciones Unidas: de que los países —y sobre todo sus tribunales— no pierdan su voz.
La justicia no solo necesita ser imparcial y eficiente. También necesita hablar en su propia lengua y sobre todo con su mismo acento.
