Florida, Estados Unidos.- El empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, prófugo en México por delitos como lavado o desvío de dinero, fue detenido en Estados Unidos.
Según consta en registros del Servicio de Control de Migración y Aduanas (ICE, en inglés), el esposo de Inés Gómez Mont se encuentra actualmente en el Centro de Procesamiento de Servicios de Krome North, en Miami.
La detención, notificada por autoridades migratorias estadounidenses, no está relacionada directamente con las acusaciones fiscales en México, aunque podría derivar en un procedimiento de extradición.
Según información del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (ICE), Álvarez Puga fue ingresado hace un mes al Krome North Service Processing Center, una instalación destinada a la administración de migrantes en situación irregular, más que a individuos acusados de delitos penales.
La FGR investiga a la conductora y a su esposo por diversos delitos, entre los que están delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Víctor Manuel Álvarez Puga, abogado y fundador junto a su hermano Alejandro Álvarez Puga del despacho Álvarez Puga y Asociados, es investigado por el presunto uso de empresas fantasma y la orquestación de operaciones para el desvío de recursos públicos y evasión fiscal.
Este bufete, con presencia en 45 ciudades mexicanas, se encuentra bajo la lupa de la Unidad de Inteligencia Financiera por su presunta participación en una red que facilitó el lavado de dinero y malversación de 2 mil 950 millones de pesos del presupuesto de la Secretaría de Gobernación durante la administración de Miguel Ángel Osorio Chong.
En paralelo, empresas consideradas ficticias habrían simulado licitaciones y falsificado documentos oficiales para acceder a fondos reservados bajo argumentos de seguridad nacional.
La orden de aprehensión fue girada por el juez de control Alberto Torres, del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Oriente, el 14 de octubre de 2021.
En noviembre de 2018, Gómez Mont intentó resolver el conflicto pagando cerca de 11 millones de pesos en contribuciones federales, aunque la autoridad determinó posteriormente que aún quedaban 2 millones 604 mil pesos pendientes, lo que impidió cerrar el caso definitivo. (El Heraldo de Saltillo)
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