En México, la justicia está cambiando de rostro. Por primera vez en la historia, las resoluciones de las autoridades indígenas y afromexicanas podrán publicarse en el Semanario Judicial de la Federación, el órgano oficial donde se difunden las decisiones más importantes del Poder Judicial Federal. Este hecho, que a primera vista podría parecer técnico, en realidad marca un paso profundo hacia el reconocimiento pleno del pluralismo jurídico en nuestro país.
Detrás de esta decisión hay una idea poderosa: hacer visible lo que por siglos fue invisible. Las comunidades indígenas y afromexicanas llevan generaciones resolviendo sus conflictos con base en sus propios sistemas normativos, sustentados en el diálogo, la reparación del daño y la búsqueda de la armonía social. Pero hasta ahora, esas resoluciones rara vez eran conocidas fuera de sus territorios, y mucho menos reconocidas por el sistema judicial nacional.
A través del Acuerdo General número 7/2025 (12a.), la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó que las resoluciones emitidas por las autoridades comunitarias puedan publicarse a solicitud de las propias comunidades indígenas y afromexicanas. Y aunque no tendrán valor vinculante fuera de los pueblos y comunidades que las dicten, sí generan un efecto pedagógico: contribuyen a reeducar en la cultura del pluralismo jurídico. Esto significa que una decisión tomada por un consejo de ancianos o una asamblea comunitaria puede ser consultada, citada y estudiada por cualquier persona, estudiante o especialista en derecho. En términos sencillos, la justicia comunitaria entra por la puerta grande a la historia jurídica de México.
Más allá de las normas, este mecanismo abre la puerta a algo más profundo: una nueva cultura de respeto hacia la justicia indígena. Cuando una resolución comunitaria se publica en el Semanario Judicial, no solo se difunde un documento: se transmite una forma distinta de entender la justicia, una que prioriza el consenso sobre el castigo, la reparación sobre la venganza y la comunidad sobre el individuo.
La tarea fue asignada a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, con el acompañamiento técnico del Centro de Estudios Constitucionales y Pluralismo Jurídico, que brindará asistencia sin intervenir en el contenido de las resoluciones. De esta forma, se garantiza que el reconocimiento no se convierta en control y que el protagonismo siga estando en manos de las comunidades.
Este nuevo espacio en el Semanario Judicial no solo beneficiará a las comunidades indígenas y afromexicanas. También será una oportunidad de aprendizaje para abogados, jueces, estudiantes y servidores públicos, que podrán conocer las formas tradicionales de impartir justicia. En muchos casos, los mecanismos comunitarios son más rápidos, menos costosos y más eficaces comparados con los procedimientos formales. Comprenderlos puede ayudar a repensar la manera de concebir la idea de justicia en general.
De hecho, organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) han insistido en que los Estados deben documentar, difundir y aprender de las experiencias jurídicas de los pueblos indígenas y afrodescendientes, porque ofrecen respuestas locales a problemas que el derecho estatal muchas veces no resuelve.
La publicación de las resoluciones comunitarias es solo el inicio de un proceso más amplio: el de construir una justicia intercultural, donde convivan en igualdad la ley estatal y la ley comunitaria. Para lograrlo se requerirá diálogo, capacitación y respeto mutuo, pero sobre todo, voluntad de escuchar.
Hoy, al poder consultar una resolución indígena en el mismo portal donde se leen las sentencias de la Suprema Corte, cualquier persona puede comprender que la justicia en México no tiene una sola lengua ni una sola forma. Que también puede hablar en zapoteco, mixe, o maya , y que detrás de cada palabra hay siglos de sabiduría colectiva.
En tiempos en los que la desconfianza hacia las instituciones crece, abrir las puertas del Semanario Judicial a las voces de los pueblos y comunidades es un recordatorio de que la justicia no se impone: se construye entre todas y todos.
