Durante la sesión del Congreso de Coahuila que tuvo lugar este martes, se dio lectura a dos iniciativas de reforma a la Constitución Política del Estado, planteadas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, cuyos objetivos, son los de garantizar a las y los coahuilenses el derecho a una educación de excelencia y asegurar por otra parte el acceso a una vivienda adecuada.
En el primero de estos planteamientos, se menciona que la educación, reconocida como derecho humano por la Constitución y diversos tratados internacionales, constituye la base para el ejercicio de otros derechos y el progreso económico, social y cultural, por lo que se propone en dicha iniciativa “que sea pública, universal, gratuita, laica e inclusiva”.
Menciona que con esta reforma “se busca garantizar el derecho a una educación de excelencia, entendida como la mejora continua del aprendizaje, con perspectiva de género, enfoque inclusivo e intercultural y orientada al desarrollo integral de las personas”.
Además se consolida la rectoría del Estado en materia educativa, fortaleciendo la enseñanza pública y promoviendo que todas las personas gocen de los beneficios de la ciencia y la innovación, en plena concordancia con la Constitución Federal y los tratados internacionales ratificados por México.
También se busca garantizar que la educación en Coahuila se sustente en la dignidad de la persona y en un enfoque de derechos humanos, con igualdad sustantiva, teniendo como prioridad el interés superior de niñas, niños y adolescentes, asegurándoles el acceso y permanencia en el sistema educativo, y se reconoce a las maestras y maestros de la entidad como actores clave en la transformación educativa.
En cuanto a la segunda iniciativa se busca empatar la Constitución local con la nacional, que señala que toda persona tiene derecho a disfrutar de vivienda adecuada y que la Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.
En ese sentido, toda vez que la Constitución de Coahuila de Zaragoza establece que “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa”, se considera que la legislación local no es concordante con la norma federal ni con las normas internacionales respectivas.
Agrega que al sustituir “familia” por “persona”, así como los criterios subjetivos de “digna y decorosa” por el de “adecuada” en la reforma planteada, se da un gran paso para brindar a los coahuilenses la mayor protección a sus derechos humanos, bajo criterios no discriminatorios y que no estén sujetos a interpretación judicial. (ÁNGEL AGUILAR)
