Ciudad de México.- Un juez federal vinculó a proceso la madrugada de este martes al vicealmirante Manuel Roberto “N” y 9 marinos y funcionarios aduaneros, por presuntamente estar implicados en el desembarque de 31 buques con huachicol fiscal en las Aduanas de Altamira y Tampico, en los dos últimos años.
En una audiencia de más de 17 horas, Mario Martínez Elizondo, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, procesó a los imputados por delincuencia organizada, con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.
“Se advierte la existencia de una organización delictiva integrada por personas de la Marina, funcionarios, agentes aduanales y empresarios”, dijo el impartidor de justicia.
“No comparto la opinión de que tiene que acreditarse que todos y cada uno de los buques descargaron hidrocarburos ilegales, sino si existe o no un grupo delictivo. Los datos de prueba permiten suponer que probablemente se cometieron las conductas imputadas”.
Los fiscales imputaron a los marinos y ex funcionarios de ser parte de una organización criminal que permitió descargar 31 buques de combustible bajo la modalidad de “huachicol fiscal” entre el 4 de abril de 2024 y el 19 de marzo de 2025, en las aduanas de Altamira y Tampico.
Los barcos arribaban a los recintos fiscales 289 y 290, operados por las empresas cesionarias Tampico Terminal Marítima y Administración de Servicios Comunes Portuarios ubicados en Tampico.
Uno de ellos fue el buque Challenge Procyon, en el que hace medio año se aseguraron 10 millones de litros de hidrocarburos importados por la empresa regiomontana Intanza.
Si bien el juez los vinculó a proceso por el delito originalmente imputado por la FGR, el juez hizo una reclasificación, el reducir de 6 a 3 el número de personas que presuntamente cometieron el ilícito con funciones de mando o dirección, es decir, como jefes de la organización criminal.
En esa categoría quedaron solo los dos sobrinos políticos del ex Secretario de la Marina, Rafael Ojeda, y el capitán Miguel Ángel “N”, supuesto operador de dichos mandos de la Armada. De los tres, solo el vicealmirante está detenido.
El juez les ratificó a todos los imputados la prisión preventiva oficiosa, razón por la que los procesados del sexo masculino permanecerán presos en el Penal del Altiplano durante el proceso, mientras que dos de las tres mujeres continuarán en el Penal Federal Femenil de Morelos.
Uno de los marinos, el Capitán Humberto Enrique “N”, le dijo al juez que desde el momento en que ingresaron al Altiplano y los internos se enteraron de que eran miembros de la Armada, los ahora procesados fueron objeto de amenazas.
Por ese motivo, el marino le pidió que autorizara el traslado de los 7 hombres procesados a una prisión militar. El juez, sin embargo, rechazó la solicitud y dijo que, antes de valorar la petición, debía analizarse si una prisión castrense reunía las condiciones necesarias para el desarrollo del proceso.
Al mismo tiempo, le dio vista a la FGR para que inicie una carpeta de investigación por los actos de intimidación a los marinos en el centro penitenciario.
Martínez Elizondo les fijó un plazo de 6 meses para la investigación complementaria, tiempo previsto para que la Fiscalía General de la República (FGR) y los defensores reúnan sus respectivos datos de prueba.
Además del vicealmirante, el juez vinculó a proceso a los capitanes de Navío Climaco “N” y Humberto Enrique “N”, el primero adscrito a la Décima Región Naval en Salina Cruz, Oaxaca; y el segundo ex director de Supervisión de Aduanas Marítimas.
También a los capitanes de Fragata Sergio “N”, ex subdirector de Vigilancia y Control de la Aduana Marítima de Tampico; Carlos de Jesús “N”, ex subdirector de Operación de la misma Aduana, y Fernando Ernesto “N”; ex sub administrador de la Aduana de Altamira.
Además, procesó a Endira Xóchitl “N”, ex jefa de departamento de Recintos Fiscales en la Aduana del mismo puerto; Anatalia “N”, Ismael “N” y Perla Elizabeth “N”, todos ellos enlaces y verificadores de mercancías en la Aduana de Tampico.
Esta última es la única persona procesada que no estará en la cárcel, por lo menos en el arranque del proceso, ya que el juez decidió imponerle el arraigo domiciliario y el uso de brazalete electrónico en su casa en Tampico, Tamaulipas, debido a que tiene 12 semanas de embarazo.
De los 11 detenidos por esta causa penal, solo falta que le determinen su situación jurídica de Francisco Javier Antonio Martínez, ex gerente de Administración y Finanzas de la Administración del Sistema Portuario Nacional en Tampico, lo cual sucederá en esta semana.
La audiencia inició el lunes a las 11:00 horas de la mañana, con un retraso de dos horas, y concluyó este martes a las 4:00 horas de la madrugada. En el arranque de la diligencia, a pesar de que los nombres de los imputados ya eran públicos, el juzgador impuso a los medios de comunicación presentes la reserva de sus datos personales.
Acto seguido, la FGR pidió que la diligencia se llevara a cabo a puerta cerrada y retiraran al público y la prensa de la sala judicial, pero el juez rechazó la solicitud, al considerar que este es un caso de interés nacional.
El vicealmirante Manuel Roberto “N” compareció a la diligencia vestido de pants gris oscuro, al igual que todos sus coimputados. Altivo y serio, con la mirada atenta al juez todo el tiempo, el mando de la Armada en ocasiones llegó tener una expresión de fastidio ante los debates.
Valida juez imputación
En la audiencia, los defensores pidieron al juez Martínez invalidar las declaraciones del testigo protegido “Santo”, la información bancaria proporcionada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y un video de YouTube en el que se acusa de corrupción a los marinos, pero no lo consiguieron.
Los abogados plantearon que todas esas pruebas tenían un grado de ilicitud, porque fueron obtenidas sin los requisitos legales o, en su defecto, no tenían acreditada la cadena de custodia.
Uno de los blancos fueron las declaraciones del testigo protegido “Santo”, que llevaron a la cárcel a los marinos y funcionarios aduaneros presuntamente implicados en este caso de “huachicol” fiscal.
Los litigantes señalaron que “Santo” no era testigo protegido cuando en mayo y junio de este año rindió sus primeras declaraciones contra miembros de la Armada, no obstante que en las investigaciones ya aparecía con su identidad protegida y no se ejerció la acción penal en su contra.
Señalaron que fue hasta el 2 de septiembre, 14 días después de ordenarse las capturas, cuando la Fiscalía le tomó una declaración ministerial y fue reconocido como testigo colaborador. Sin embargo, el juez señaló que no había ninguna irregularidad.
“Declaró en un principio como testigo y después como testigo colaborador. El 28 de julio ingresó al Programa de Testigos Colaboradores de la fiscalía”, reviró el juez de control.
“Que no tuviera un representante jurídico, no invalida sus declaraciones, porque al principio las rindió como testigo. No le resta validez, ya hubo una persona que perdió la vida, voy a concederle Eficacia, demostrativa”.
Martínez Elizondo señaló que en este asunto era importante la información aportada el testigo protegido, máxime que en este asunto ya fueron asesinados el Contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar y la funcionaria de la FGR, Magaly Janet Nava Ramos.
“La muerte de estas dos personas puede tener un efecto inhibidor sobre otras personas que pudieran aportar información”, dijo el juez.
“Voy a conferirle eficacia demostrativa al testigo colaborador ‘Santo’ y a la carta de Fernando Rubén Guerrero Alcántar (dirigida en junio de 2014 al secretario de la Marina, Rafael Ojeda), porque son hechos que a ellos les consta”.
Sobre la ilegalidad de la información presentada por la UIF, el juzgador respondió que no era una prueba ilícita sino “imperfecta”, porque la obtuvo a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante un procedimiento previsto por ley.
Sin embargo, para zanjar esta discusión, dijo que no usaría esa información financiera porque contenía datos de estados de cuenta, protegidos por el secreto bancario.
“La información de la UIF es imperfecta, pero no ilícita, no puede ser utilizada en un proceso penal hasta que haya autorización judicial y no la voy a tener en cuenta.
“La información patrimonial, del SAT y de la Secretaría de Economía no está sujeta al secreto bancario, solo no voy a tomar en cuenta la información de las operaciones bancarias”.
La otra prueba que atacaron los abogados es un video titulado «Mxxxx 000» del usuario «Mx.pais.huachicol», subido a YouTube, en el que se acusa una red de corrupción de marinos en las Aduanas.
La defensa de Climaco y Fernando Ernesto dijo que ni el usuario ni el video existen en esa red social y que la FGR había incorporado esa prueba a través de una memoria USB, sin acreditarse la cadena de custodia.
El juez, sin embargo, respondió que sí estaba probado el origen de este material.
“Sobre video de YouTube, lo cierto es que hay un registro de que existió la grabación y sí hay cadena de custodia”, comentó. (AGENCIA REFORMA)
