El 4 de agosto de 2025, en el circo del manchado de Coss, en Sesión Solemne del Congreso de Coahuila, rindieron protesta 106 magistradas, magistrados y juezas y jueces electos por voto popular, un hecho sin precedentes en la historia jurídica de la entidad. Con ello, Coahuila se convierte en el primer estado del país en asumir —totalmente— un Poder Judicial elegido directamente por la ciudadanía.
¿Cambios reales o simulacro democrático?
Históricamente, los cargos judiciales eran designados por el Ejecutivo o Legislativo. Hoy esa legitimidad derivada desaparece, dando paso a una legitimidad directa. Un cambio que implica responsabilidad política y judicial, y que exige servidores públicos con vocación social, calidad humana y cercanía con la ciudadanía.
Durante su discurso, el magistrado presidente Miguel Felipe Mery Ayup enfatizó que este nuevo modelo debe estar más cerca de la gente, ser transparente y profesional. El gobernador Manolo Jiménez Salinas reforzó esa visión al asegurar que la renovación del Poder Judicial fortalece la estrategia de seguridad y brinda certidumbre jurídica para atraer inversión y garantizar justicia rápida e imparcial.
Expectativas y advertencias desde el Congreso.
Los diputados del Congreso manifestaron confianza en el nuevo modelo: destacaron que los perfiles elegidos cumplen con exigencias éticas y técnicas, sin favoritismos ni cuotas políticas, y que deberán actuar con honradez e imparcialidad absoluta. También han anunciado una vigilancia estricta y permanente, para garantizar que la impartición de justicia sea uniforme y cercana a todos los coahuilenses, no solo a unos cuantos.
Áreas de riesgo que no pueden ignorarse
A pesar del entusiasmo institucional, hay advertencias graves a nivel nacional. Recientemente, se ha revelado que varios candidatos electos en las recientes elecciones judiciales tienen antecedentes cuestionables relacionados con corrupción, violencia sexual, trata de personas o vínculos con redes criminales. Al menos trece de ellos aún están pendientes de validación por parte del INE o tribunales y podrían poner en riesgo la legitimidad del proceso.
Además, organizaciones y ciudadanos han protestado contra la elección judicial por considerarla una imposición del gobierno federal, denunciando falta de transparencia y posibles irregularidades en el padrón de aspirantes. Esa presión social no puede desecharse ligándola meramente a mezquindades partidistas: es el reflejo de una desconfianza ciudadana profunda.
Conclusión: ¿modelo exitoso o experimento arriesgado?
Sí, es histórico y renovador que Coahuila impulse un modelo de justicia elegido por la ciudadanía. Pero ese avance será real sólo si los magistrados y jueces electos demuestran día a día imparcialidad, profesionalismo y vocación de servicio. Cualquier desliz o cuestionamiento ético no sólo socavará su legitimidad, sino la de todo el Poder Judicial de Coahuila.
La vigilancia desde el Congreso o la sociedad civil será fundamental. Porque no basta con votar: se debe gobernar bien. El reto es mayúsculo, y el momento exige actuar sin concesiones.
Para seguir observando de cerca: la capacitación que recibieron antes de tomar protesta, el desempeño en casos relevantes, y los pronunciamientos públicos de los nuevos juzgadores. Solo así sabremos si la elección judicial fue un fraude institucional o el comienzo de una justicia más cercana, profesional y legítima.
“Dejemos que se acabe el circo para verle la cara a los payasos”.
