Columna de El Colegio de Economistas de Coahuila, A.C.
Lo que se viene: One Big Beautiful Bill Act
Por: Mtro. Jesús Javier González Alcázar
El pasado 3 de julio la Cámara de Representantes de E.U. aprobó el paquete fiscal del Presidente Trump que, entre otros cambios, impone un impuesto del 1% a las remesas enviadas en efectivo, cheques y giros. Este gravamen forma parte del proyecto denominado “One Big Beautiful Bill Act”. La medida impacta directamente a México, el segundo mayor receptor mundial de remesas después de India. Se estima que su entrada en vigor en enero de 2026 provocará una disminución en los montos y frecuencia de envíos de los migrantes mexicanos a sus familias. Las remesas son vitales para millones de hogares en nuestro país, por lo que esta nueva carga fiscal representa un riesgo socioeconómico adicional, que se suma al endurecimiento de las políticas migratorias y al deterioro del empleo tanto en E.U. (apara migrantes) como en México.
Este impuesto se aplicará si el remitente no es ciudadano estadounidense y cuando la transferencia se realice mediante efectivo o instrumentos similares. No se aplicará a remesas enviadas desde cuentas bancarias o tarjetas emitidas en E.U. El proveedor del servicio de remesas retendrá el impuesto en el momento del envío, reduciendo el monto neto recibido por el destinatario. Esta medida afectará particularmente a México, ya que el 94% de sus remesas provienen de E.U., mismas que en 2024 sumaron aproximadamente 64 mil millones de dólares. Estos flujos han sido esenciales para sostener el consumo, la salud, la educación y la producción agropecuaria en regiones donde las remesas representan hasta el 15% del PIB estatal, como Chiapas, Guerrero y Michoacán.
Si bien, según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, el impuesto tendría un impacto reducido ya que se aplicaría solo al 0.74% del total de remesas, es necesario hacer cinco comentarios sobre las implicaciones presentes y futuras de esta medida:
1) El impuesto afecta a personas que no son ciudadanos estadounidenses, sobre todo a migrantes indocumentados quienes generalmente envían dinero usando efectivo; se penaliza a los migrantes que trabajan y contribuyen a la economía estadounidense, pero que apoyan a sus familias en el extranjero. Es una medida simbólica para hacer la vida más difícil a estos migrantes y reducir sus incentivos para permanecer en E.U.
2) Los migrantes pagan en promedio 6% en comisiones. Con este nuevo impuesto, el costo sube a 7%, muy por encima del 3% recomendado por la ONU (Meta 10c de los ODS: reducir los costos de transacción de las remesas). Esto reducirá el monto enviado y afectará a sectores esenciales y vulnerables en México.
3) Al limitarse a efectivo y equivalentes, la medida busca monitorear y regular flujos de dinero menos trazables, combatir el lavado de dinero, la evasión fiscal y el financiamiento de actividades ilícitas. Las transferencias electrónicas, reguladas y rastreables, no están sujetas al impuesto, hay una intención de control económico y recaudatorio, dando información confiable al IRS (Servicio de Impuestos Internos) para su fiscalización.
4) Un importante riesgo es que el impuesto siente un precedente, que en el futuro se extienda a todas las formas de remesa y que la tasa aumente, que se reduzca drásticamente el flujo a México y se afecte a la balanza de pagos, el tipo de cambio y el consumo interno.
5) Respuesta tibia e ineficaz de México. La estrategia de “no confrontar” ha resultado ineficaz. A diferencia de países como El Salvador o Guatemala, que ya han expresado su preocupación diplomática, México ha optado por una solución parcial: la tarjeta Finabien o “Tarjeta Paisano”. Este instrumento gubernamental pretende facilitar el envío de remesas sin que se aplique el impuesto, pero ha sido criticado por su limitada cobertura, alto costo (2.99 USD por transacción) y menor competitividad frente a servicios privados. Además, ha generado desinformación y confusión entre los migrantes. No existe una estrategia integral, multilateral ni diplomática para proteger el ingreso de millones de mexicanos en el exterior.
Ante el endurecimiento de las políticas del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) y del U.S. Customs and Border Protection (CBP), que ahora se complementan con medidas fiscales del Internal Revenue Service (IRS), se está cerrando un cerco que afecta directamente a nuestros connacionales. Nuestro gobierno no puede responder con improvisación. Se requiere un liderazgo firme para defender a quienes, desde lejos, sostienen una parte fundamental de nuestra economía.
