Lefebvre planteó que «La ciudad es un producto social»; es decir, la ciudad no es un objeto natural, sino una construcción que refleja las relaciones de poder y la desigualdad.
Dio pie a explicar la producción del espacio, éste se convierte en un producto social. Puedo recordar que me planteaba mi maestro Adolfo Orive Bellinger cuando me encontraba estudiando el Diplomado en Economía Política Productivista en la Facultad de Economía.
Las instituciones son manejadas por agentes, y todos los agentes por instituciones, a lo que denominaba “trayectodependencias”. Es decir, las organizaciones son manejadas por personas, que tienen valores derivados de las instituciones familiares, educativas, y religiosas que los han formado.
Por ende, la construcción del espacio y su relación con la propiedad privada se enfoca en las necesidades que aquellos individuos que manejan las instituciones públicas creen adecuadas.
Bajo ese contexto se ha manejado el crecimiento de las ciudades y la justificación con la cual se pretende imponer restricciones al derecho de propiedad y sus derivados.
Según ONU hábitat, la gentrificación sucede cuando un proceso de renovación urbano se acompaña de un flujo de personas de clase media o alta que desplaza a los habitantes más pobres.
Dadas las marchas contra la gentrificación en la Ciudad de México, la respuesta del gobierno fue anunciar como “solución” el control de alquileres, pudiera parecer adecuado para el corto plazo, pero de fondo puede tener implicaciones negativas.
- Puede constituir una violación o exceso de restricción al derecho de propiedad privada, toda vez que el dominio debe permitir hacer con ella lo que te venga en gana, entre ello, disfrutar de sus rentas de conformidad con la libertad contractual.
- Generar desmotivación entre los propietarios y desarrolladores, llevando a que estos inviertan en otras actividades, y por ende se descuiden o baje la calidad de las viviendas disponibles para arrendamiento y en general el mantenimiento a los barrios emblemáticos que no son baratos de mantener.
- Dado lo anterior, puede que baje la oferta de viviendas, lo que se traducirá en un mercado cotizado e inmóvil, ya que quienes ya están rentando no van a querer terminar sus contratos y por ende no habrá disponibilidad.
- Quienes quieran arrendar sus propiedades, no tendrán recursos suficientes para mantenerlas en óptimas condiciones.
- Fomenta el discurso xenofóbico contra la población extranjera que pretende asentarse y tener negocios en México. (estoy de acuerdo en que se vayan los que quieren imponer su cultura o no cumplen con la ley).
No creo que la solución a la crisis de vivienda sea criminalizar desde el gobierno a los propietarios, arrendadores, arrendatarios y desarrolladores. Se deben buscar soluciones para trabajar en conjunto, el mercado inmobiliario es una cadena productiva, que trae fuentes de trabajo, compra de materiales, y sobre todo oferta de vivienda.
Ya lo planteaba en mi columna anterior, no están descubriendo algo nuevo; existen herramientas como las Cámaras de la Propiedad Urbana (en Coahuila tenemos una ley) que sirven no solo para regular alquileres, sino también para fomentar la construcción de vivienda popular, controlar el impuesto predial, y sobre todo defender el derecho de los propietarios.
Finalmente, les compro la mitad de una idea, el planteamiento de la creación de una Defensoría Inmobiliaria, pero su enfoque no debe ser sólo para proteger a los arrendatarios, sino también a los arrendadores, compradores y en general cualquier ciudadano relacionado con operaciones inmobiliarias, de lo contrario, queda evidente que sólo están abonando a la polarización que no necesitamos en un país tan dividido.
- D. Juan Manuel González Zapata, Secretario General del Saltillo Barrister Inn de Phi Delta Phi.
