Diputados y senadores oficialistas avalaron la creación de la CURP biométrica, la Plataforma Única de Identidad y Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación, así como darle al Gobierno Federal acceso a registro de datos de ciudadanos
Ciudad de México.- En ocho días de periodo extraordinario, la mayoría en el Congreso de la Unión configuró lo que la Oposición calificó como «Gobierno Espía».
Se trata de un paquete de modificaciones y de nuevas leyes que entre el 23 de junio y el 1 de julio pasado, diputados y senadores avalaron a marchas forzadas y, en muchos casos, en fast track, para crear instrumentos como la CURP biométrica, la Plataforma Única de Identidad y Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación y darle al Gobierno federal acceso irrestricto a registros de datos sensibles de los ciudadanos.
Los legisladores aprobaron modificaciones a la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública que facultan a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para solicitar a instituciones de seguridad y entes públicos y privados información contenida en cualquier registro del que pueda extraer información para la prevención, investigación y persecución de delitos sin orden judicial y establece la obligación de autoridades y particulares de colaborar con esa tarea.
Entre los registros a los que podrán acceder se encuentran vehiculares, biométricos, telefónicos, de salud, catastros, registros fiscales, bancarios, de telecomunicaciones y empresariales, entre otros.
La reforma señala que el Consejo Nacional de Inteligencia podrá consultar directamente, o a través de la nueva Plataforma Central de Inteligencia, los registros de entes públicos y privados y tendrá acceso «irrestricto y directo» a toda la información que integre la Secretaría de Gobernación mediante la Plataforma Única de Identidad, conformada por la nueva CURP biométrica.
Las modificaciones en materia de lavado de dinero, aprobadas también en el periodo extraordinario, obliga a las dependencias federales, estatales y municipales, órganos autónomos, empresas públicas, estatales y Alcaldías a entregar, sin orden judicial, información, datos, imágenes y documentación que les sea requerida por la Secretaría de Hacienda para sus indagatorias.
Señala que el INE y sus pares estatales deberán entregar la información relativa a los partidos políticos nacionales y locales y la Secretaría del Trabajo la referente a sindicatos y a sus líderes.
Además, establece que Hacienda deberá coordinarse con la SSPC y con la Guardia Nacional -ya adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional- en materia de acciones de combate al lavado de dinero, por lo que ahora militares llevarían a cabo funciones financieras.
Otra reforma fuertemente criticada por la Oposición por generar mecanismos que ponen en riesgo la privacidad de los ciudadanos es la de Desapariciones forzadas.
La modificación crea la CURP biométrica que será el documento nacional de identificación obligatorio y de aceptación universal en todo en territorio nacional y deberá ser empleada en los procesos de validación y autenticación de la identidad de las personas en medios digitales.
La reforma obliga a todo ente público o particular a solicitar este documento para la prestación de sus trámites o servicios.
Para la integración de datos como fotografía y huellas dactilares a la nueva CURP, su consulta, validación y gestión, el Registro Nacional de Población contará con una Plataforma Única de Identidad que brindará el Servicio Nacional de Identificación Personal.
La plataforma la desarrollará la Segob con el apoyo técnico de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y será la fuente primaria de consulta en materia de desaparecidos y se interconectará con registros administrativos, pero también con cualquier base o sistema de información de particulares que presten servicios financieros, de transporte, de salud física y mental, telecomunicaciones, educación, paquetería, de seguridad social e incluso religiosos si orden judicial.
Además, indica que toda autoridad y particular de cualquier naturaleza que tenga a su cargo datos biométricos o identificativos de personas, incluido el INE, deberá permitir a las Fiscalías, la Secretaría de Seguridad, la Guardia Nacional, las Policías y la Comisión Nacional de Búsqueda y sus equivalentes locales la consulta inmediata de la información.
Los cambios prevén sanciones de entre 10 mil y 20 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización para las autoridades de los tres niveles de Gobierno y particulares que incumplan la obligación de permitir el acceso, proporcionar o actualizar la información que posean.
Finalmente, el 1 de julio pasado, el Congreso aprobó la reforma en materia de telecomunicaciones que obliga a los concesionarios y autorizados determinados por la nueva Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) a colaborar con las autoridades en la geolocalización de dispositivos móviles en tiempo real y a entregar la información que les sea requerida, todo sin control judicial.
Plantea que cualquier concesionario que se niegue a colaborar con la autoridad será sancionado y los obliga a almacenar por dos años datos sensibles de los ciudadanos como llamadas, mensajes, ubicación y patrones de uso, información que podrá ser consultada y entregada a las autoridades cuando la requieran.
Agrega un artículo transitorio que establece la obligación de la CRT de emitir los lineamientos para la identificación de líneas de telefonía móvil y la suspensión de líneas que no estén asociadas a un usuario final.
Todas estas reformas ya fueron turnadas por el Congreso al Ejecutivo federal y entrarán en vigor al día siguiente de que sean publicadas en el Diario Oficial de la Federación. (AGENCIA REFORMA)
