Columna de El Colegio de Economistas de Coahuila, A.C.
Impuesto Predial y Accountability Fiscal
Por: Mtro. Jesús Javier González Alcázar
En diversos países en vías de desarrollo y particularmente en México, el impuesto predial, que es la principal fuente de ingresos tributarios municipales, ha sido una fuente históricamente subutilizada. Mientras países como Canadá, Francia y Corea del Sur recaudan entre 3% y 4% de su PIB a través de este impuesto, México apenas supera el 0.2% de su PIB, ubicándose en los últimos lugares entre los países de la OCDE, junto con Estonia y la República Checa. Según datos de 2020, el promedio de recaudación del impuesto predial entre los países de la OCDE fue del 2% del PIB, lo que deja a México muy por debajo de sus pares.
Esta baja recaudación no puede explicarse solo por diferencias de ingreso personal o problemas de administrativos o catastrales, debemos considerar además factores institucionales y de legitimidad. Joan Youngman en su libro “A Good Tax, legal and policy issues for the property tax in the United States” señala que cuando los ciudadanos no perciben una relación clara entre el pago de sus impuestos y la provisión de bienes públicos (calles pavimentadas, alumbrado funcional, seguridad pública, transporte colectivo digno, y un largo etcétera), disminuye su disposición a pagar impuestos, por el contrario, cuando es evidente que el dinero se invierte con eficiencia y transparencia, el cumplimiento tributario mejora.
Aquí entra en juego el concepto de “Accountability Fiscal”, entendido como la responsabilidad de los gobiernos para rendir cuentas sobre cómo recaudan, administran y gastan los recursos públicos. No se trata solo de transparencia pasiva (informar), sino de generar condiciones para que el desempeño fiscal de las autoridades sea tangible para los ciudadanos / contribuyentes. El impuesto predial, al ser visible y local, es un instrumento ideal para construir esta forma de rendición de cuentas.
Desde la teoría del contrato fiscal desarrollada por autores como Benno Torgler en “Tax Compliance and Tax Morale”, los ciudadanos están más dispuestos a pagar impuestos cuando perciben que hay un retorno tangible en forma de servicios públicos. Este principio de reciprocidad (yo pago, tú cumples) es especialmente relevante en los gobiernos municipales. Su cercanía con la población les da la posibilidad de convertir el gasto en una herramienta de legitimidad y confianza.
Diversos estudios recientes han mostrado que variables como la inversión pública municipal pueden capturar el nivel de correspondencia entre lo que paga el contribuyente y lo que recibe. Una mayor inversión en infraestructura local refleja no solo capacidad administrativa, sino también compromiso con el bienestar colectivo, de manera que el gasto público se convierte en un mensaje político: “tus impuestos están invertidos aquí”. Este enfoque tiene un fuerte respaldo empírico, en el informe de la OCDE “Public Trust in Tax 2024” se señala que en Latinoamérica la confianza en el gobierno mejora significativamente cuando los ciudadanos perciben que sus impuestos se destinan a obras visibles y útiles, por otra parte, hay una correlación de que los municipios con mayores niveles de percepción de corrupción recaudan menos impuesto predial.
Por ello, fortalecer el impuesto predial debe entenderse como una estrategia de “Accountability Fiscal”, ya que no basta con actualizar catastros o automatizar sistemas de cobro, es importante fortalecer una narrativa en la que el predial se asuma como una inversión ciudadana en su propia comunidad, para lo cual es necesario que los gobiernos municipales demuestren, con hechos, como los recursos de este impuesto se traducen en servicios y calidad de vida.
El impuesto predial no solo debe percibirse como una fuente de ingresos que debe pagarse porque así lo marca la ley, pensar de esa manera es no dimensionar la importancia social de los sistemas tributarios, pensar de esa manera conducirá a un perenne debilitamiento de la recaudación local. Es necesario cambiar este paradigma y percibir al impuesto predial como una herramienta de desarrollo local, un vehículo para fortalecer la gobernanza local, construir confianza ciudadana y ejercer una rendición de cuentas efectiva. Apostar por este enfoque es apostar por un nuevo pacto fiscal desde lo local, con más responsabilidad, más corresponsabilidad y, sobre todo, más legitimidad.
Nota: El autor es presidente del Colegio de Economistas de Coahuila
