Londres.- A medida que el Parlamento británico se acerca a una votación histórica que podría legalizar el suicidio médicamente asistido para adultos con enfermedades terminales, surge una ola de fuertes críticas tanto por parte de líderes religiosos como de profesionales de la salud. Entre los más vehementes se encuentra el arzobispo electo John Sherrington, quien advirtió que la legislación propuesta amenaza con causar un daño irreversible tanto al marco moral de la sociedad británica como a la viabilidad futura de las instituciones católicas de atención.
Sherrington, quien actualmente dirige Asuntos de Vida en la Conferencia Episcopal Católica de Inglaterra y Gales y pronto dirigirá la Arquidiócesis de Liverpool, expresó su profunda preocupación por la posibilidad de que el Proyecto de Ley de Muerte Asistida, impulsado por la diputada laborista Kim Leadbeater, obligue a los hospicios y residencias católicas a asumir posturas éticas insostenibles. «De aprobarse», declaró, «la ley hará prácticamente imposible que las instituciones religiosas operen sin comprometer sus valores fundamentales».
El proyecto de ley, debatido intensamente durante cinco horas en el Parlamento el 18 de mayo, permitiría a los adultos mayores de 18 años con una enfermedad terminal solicitar el suicidio médicamente asistido. Si bien Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte actualmente consideran estas acciones como delitos penales —clasificados como homicidio involuntario o asesinato—, la nueva legislación establecería una vía legal para terminar con la vida bajo supervisión médica. Escocia, aunque carece de estatutos legales explícitos al respecto, procesa los casos relacionados bajo las leyes de homicidio vigentes.
Los críticos argumentan que las implicaciones van mucho más allá del individuo. Uno de los principales temores expresados por Sherrington y otros líderes católicos es que las instituciones religiosas —en particular los hospicios— pronto se vean obligadas a permitir el suicidio asistido en sus instalaciones o corran el riesgo de perder financiación y protección legal. «Este proyecto de ley no contiene garantías sólidas», señaló, «y la falta de protección de la conciencia para las instituciones es miope y peligrosa».
La alarma de Sherrington se hace eco de un número creciente de voces, incluyendo a miembros del Parlamento como Edward Leigh, quien declaró rotundamente: «Si las órdenes religiosas se ven obligadas a facilitar esta práctica, abandonarán las residencias por completo». El arzobispo electo reconoció este riesgo, calificándolo de «alarmante erosión de la libertad institucional», que contradice la tradición británica de pluralismo.
La tramitación procesal del proyecto de ley también ha sido objeto de críticas. Sherrington criticó la velocidad y la transparencia del proceso legislativo, calificándolo de «lamentablemente inadecuado». Señaló que 60 páginas de enmiendas se condensaron en una sola sesión de cinco horas, dejando poco espacio para una deliberación profunda. «Se le está pidiendo al Parlamento que reforme radicalmente nuestro panorama moral y legal con un escrutinio insuficiente», advirtió.
Más allá de los debates éticos y procesales, también existen serias dudas sobre la equidad y la preparación en materia de atención médica. En una declaración separada, pero relacionada, el Real Colegio de Médicos (RCP) alertó sobre las persistentes disparidades en el acceso a los cuidados paliativos en todo el Reino Unido. “Los cuidados paliativos en Inglaterra y Gales son profundamente desiguales”, afirmó el RCP, “y la falta de opciones paliativas de calidad puede llevar a las personas vulnerables al suicidio asistido como una opción predeterminada, en lugar de una verdadera opción”.
Un diputado describió con franqueza el estado de los cuidados paliativos en el Reino Unido como “uno de los peores del mundo desarrollado”. El RCP subrayó que la escasez de recursos, la escasez de personal y la deficiente provisión regional agravan aún más los riesgos de implementar un marco de muerte asistida en el actual contexto sanitario.
A Sherrington le preocuparon especialmente las vagas disposiciones del proyecto de ley sobre el derecho de conciencia profesional. Si bien algunas cláusulas permiten al personal médico optar por no participar, advirtió que, en la práctica, estas exenciones suelen resultar inestables. “Con el tiempo, el acceso tiende a prevalecer sobre la conciencia”, afirmó, advirtiendo que los profesionales sanitarios podrían verse coaccionados por las expectativas institucionales o los cambios de política.
A medida que se acerca la votación de junio, Sherrington hizo un claro llamamiento, no solo a sus correligionarios católicos, sino a todos los ciudadanos preocupados por la dignidad humana. “Ahora es el momento de rezar, de hablar, de escribir a sus parlamentarios”, instó. “Nos encontramos en una encrucijada, y el camino elegido moldeará el clima moral de nuestra sociedad durante generaciones”.
Los defensores del proyecto de ley argumentan que representa un paso compasivo hacia la autonomía de quienes enfrentan un sufrimiento insoportable. Pero para opositores como Sherrington, es un atajo peligroso: sacrifica a los vulnerables bajo el pretexto de la elección, a la vez que socava las mismas instituciones creadas para cuidarlos. (AGENCIA ZENIT)
