Guadalajara.-Aunque sigue vigente, el protocolo que la Administración estatal anterior creó para reducir los riesgos en las búsquedas de personas desaparecidas en Jalisco ha quedado de lado debido a que la mayoría de inspecciones iniciales se realizan sin la presencia de las autoridades.
Anna Karolina Chimiak, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), indicó que es difícil que las autoridades respondan de forma inmediata, debido a que la mayoría de reportes son recibidos por colectivos.
«Usualmente se realizan (búsquedas) con familiares de personas desaparecidas, no tan frecuentemente con autoridades, y ha sido difícil que las autoridades puedan responder de forma inmediata para acompañar a familiares, tanto por la carga de trabajo, otras acciones planificadas, pero también por falta de la capacidad de responder de manera breve a las peticiones», expuso.
«Es por eso que, en gran parte de este tipo de situaciones, para no también aplicar el protocolo, no burocratizar el proceso y también por los tiempos que son relevantes ante la recepción de este tipo de información, familiares de personas desaparecidas deciden hacerlo de forma independiente y organizarse y llevar a cabo la búsqueda sin la presencia de las autoridades».
El 5 de marzo, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco hizo una búsqueda en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, sin la presencia de autoridades.
Madres Buscadoras de Jalisco, que en enero había ido al mismo lugar en una inspección previa en las mismas condiciones, realizó la semana pasada una búsqueda en otro punto del área metropolitana.
Lo hizo en compañía de la Guardia Nacional, aunque el personal de esta institución solo estuvo escoltando a las integrantes, en respuesta a los botones de pánico que poseen.
El protocolo fue concluido en noviembre y publicado en diciembre de 2023, tras las explosiones de Tlajomulco registradas en julio de ese año, cuando autoridades atendían un reporte insistente de fosas en un predio, lo que dejó 6 muertos y 15 heridos.
La agresión, hasta entonces sin precedentes en el Estado, llevó al Gobierno estatal a crear los lineamientos para atender reportes anónimos y buscar cadáveres en fosas, lo que incluía la revisión de los puntos sospechosos por un grupo especializado en explosivos, antes de comenzar una excavación.
También se hizo una valoración de la capacidad del equipo Tedax de la Secretaría de Seguridad y se invirtieron 49 millones de pesos.
No obstante, los principales colectivos que participan en trabajos de búsqueda de campo dijeron que no iban a parar las inspecciones que hacían, al considerar que el protocolo retrasaba las labores por la incapacidad de las autoridades de atender sus peticiones.
Chimiak destacó que sería de suma relevancia poder evaluar la aplicación del protocolo y, si ha sido útil frente a estas situaciones, llevar a cabo los ajustes y modificaciones correspondientes.
También señaló que no ha sido difundido y que sería importante retomar el tema.
«Uno de los retos también de este protocolo fue que se tenía que conocer la identidad de la persona que reporta o denuncia, esto también es un obstáculo grande porque en muchos momentos las personas no comparten esa identidad o también no se quiere frente a las autoridades compartirla para no exponerla a la situación de riesgo o represalia».
Héctor Flores, integrante de Luz de Esperanza, comentó que ellos sí han implementado el protocolo en los casos en los que han pedido apoyo de la Policía de Zapopan, sobre todo porque la mayoría de lugares a los que han acudido están en este Municipio. (AGENCIA REFORMA)
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