Washington DC, Estados Unidos.- La lucha del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra la migración indocumentada alcanza a los menores de edad, a quienes algunos estados ya buscan prohibir su asistencia a escuelas públicas.
Si bien el estado de Colorado presentó una demanda para evitar redadas en su distrito escolar, otros estados iniciaron acciones para todo lo contrario.
En Tennessee, legisladores republicanos se manifestaron a favor de que los distritos escolares locales no matriculen a niños sin estatus legal en el país.
Por otra parte, en Indiana se presentó un proyecto para que los distritos escolares puedan negar la inscripción a estudiantes indocumentados, y de ser necesario, el fiscal general tendría la responsabilidad de defender a los colegios ante demandas.
Un proyecto de ley presentado en Texas busca que los distritos escolares contabilicen, a partir del próximo curso, a los estudiantes indocumentados. El objetivo es que el estado pida al Gobierno federal el reembolso del costo anual de matricular a dichos alumnos.
En Oklahoma el superintendente estatal republicano Ryan Walters se pronuncia porque los estudiantes presenten pruebas de ciudadanía o de estatus migratorio al momento de inscribirse y aunque no se prohibiría la matrícula en caso de ser indocumentado, sí se obligaría a las escuelas a realizar censos.
Cabe señalar que la educación de los estudiantes indocumentados en Estados Unidos está garantizada por la Ley, tomando como precedente la decisión de ‘Doe vs. Plyler’ o que ciertos procedimientos se deben seguir al inscribir a los niños inmigrantes en la escuela para evitar la violación de sus derechos civiles. No se les puede negar el derecho a una educación de calidad.
El Departamento de Justicia y el Departamento de Educación de Estados Unidos han publicado y distribuido una carta aconsejando a administradores de escuela que el negar o disuadir a estudiantes indocumentados o de padres indocumentados es ilegal y contra este dictamen legal. La carta comienza así: “Bajo la ley federal, agencias educativas tanto estatales como locales están obligadas a proporcionar a todo niño la igualdad de acceso a la educación pública a nivel de primaria y secundaria”.
Al inicio de su mandato el presidente Trump autorizó redadas a migrantes en lugares sensibles anteriormente excluidos por la DEA como escuelas o iglesias. (AGENCIA REFORMA)
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