El doble compromiso de la 4T con la evaluación
En la ocasión anterior comenté que la desaparición del CONEVAL abre una grieta en el ciclo de la política social, pilar de la estrategia de desarrollo de la 4T.
Esta decisión no solo compromete al Sistema de Evaluación de Desempeño, pues junto con la SHCP, las dependencias y entidades ejecutoras del gasto y la Cámara de Diputados, el organismo extinto formaba parte de la estructura institucional responsable de monitorear y evaluar las políticas y programas gubernamentales, sino que también, en cierta medida, supone un riesgo para la transparencia y la eficacia de los programas sociales.
Juzgué oportuno retomar este tema porque es claro que el primer gobierno emanado de la izquierda en la historia del México contemporáneo, representado por Morena y la 4T, tiene un gran desafío en materia social, producto de un doble compromiso.
Primero, Morena empeñó su palabra en asignar más fondos al desarrollo social e incrementar la base de beneficiarios. Encargo que cumple enteramente sin mayores cuestionamientos.
Empero, especialmente la izquierda, tiene la responsabilidad histórica de ejercer el gasto social con mayor transparencia y con el rigor técnico y la eficiencia que exigen los nuevos tiempos, marcados por la escasez de recursos y la poca legitimidad y confiabilidad en las actividades de los gobiernos, tal como lo señaló el maestro Luis Aguilar Villanueva, pionero del estudio de las políticas públicas en México.
Se trata, en efecto, de atender una demanda ciudadana que se remonta a la época del régimen neoliberal, en el sentido de asegurar, por una parte, la eficacia de los programas sociales y, por la otra, que los mismos no sean utilizados con fines electorales.
Aquí es donde entra en escena la evaluación. La evaluación es la herramienta adecuada para medir el impacto, los resultados, el desempeño y la legalidad de la política y los programas sociales.
Las evaluaciones producen información útil y los razonamientos para responder a las preocupaciones ciudadanas antes citadas. No existe una política pública de bienestar exitosa sin verificar que efectivamente los programas alcanzan los objetivos fijados en los planes y programas de desarrollo.
Pero no cualquier evaluación. Esta debe ser rigurosa, independiente, integral y oportuna. Cualidades evaluativas que asume un organismo especializado y autónomo.
Frente a la extinción del CONEVAL, surgió la idea de trasladar la medición de la pobreza al INEGI. De entrada, esta decisión no parece descabellada. Aunque, para algunos, la propuesta cojea.
El INEGI tiene la capacidad técnica necesaria para garantizar transparencia, objetividad y rigurosidad en sus mediciones. El principal insumo para formular una política pública adecuada es identificar correctamente el problema y medir su progreso después de la intervención.
Sin embargo, el escepticismo regresó tras las declaraciones de Graciela Márquez, titular del INEGI, quien señaló que solo las atribuciones de medición de la pobreza se ajustan a las competencias del organismo. Las funciones evaluativas, por su parte, quedan en el aire. El resultado lo sabremos hasta que se realicen los cambios a las leyes secundarias vinculadas a la evaluación de la política de desarrollo social.
Como epílogo puedo decir que, en términos del ciclo de la política pública, no basta con medir la pobreza, sino demostrar que su reducción fue un resultado de los programas sociales y no de factores económicos distintos. Esto se logra con una evaluación objetiva e independiente. Así lo establece la Constitución.
Autor
Otros artículos del mismo autor
OPINIÓN23 enero, 2025AVISO DE CURVA- OPINIÓN16 enero, 2025AVISO DE CURVA
- OPINIÓN9 enero, 2025AVISO DE CURVA
- OPINIÓN2 enero, 2025AVISO DE CURVA
