Ciudad del Vaticano.- El Papa Francisco insistió en que los programas de protección de abusos de la Iglesia “sean eficaces” y ha impulsado, en concreto, las iniciativas de las diócesis que proporcionan “consuelo y asistencia a los que han sufrido”.
Así lo pidió el Santo Padre en un mensaje dirigido a los participantes de una conferencia internacional promovida por la Pontificia Comisión para la Protección de Menores que se llevará a cabo del 13 al 15 de noviembre y tendrá lugar en Roma, este evento reúne a más de un centenar de expertos y además cuenta con la presencia de víctimas de abusos procedentes de 25 países europeos.
En su mensaje, el Papa Francisco destacó que su compromiso “es un signo de los esfuerzos continuos de la Iglesia para proteger a los más vulnerables entre nosotros”, al tiempo que destacó “la vocación cristiana” de cuidar a los necesitados.
La Comisión para la Protección de los Menores publicó a finales de octubre su primer informe anual, como les había indicado Francisco, en el que se destaca la necesidad de “promover un mejor acceso de las víctimas” a las informaciones que necesiten para «afrontar el problema de la opacidad”. Asimismo, el texto aboga por “agilizar y acelerar los procesos de dimisión» de responsables eclesiásticos.
Por su parte, el responsable de la Comisión para la Protección de Menores, el cardenal estadounidense Sean O’Malley, ha manifestado que es un deber “escuchar y responder a quienes han sido perjudicados”. “Debemos seguir el debido proceso al investigar las denuncias y debemos mostrar un liderazgo firme al tomar las medidas necesarias para prevenir de la mejor manera posible cualquier caso de abuso” expresó.
Entre las observaciones más destacadas, el informe reconoce “el derecho de cada ciudadano a acceder a cualquier información que le afecte”, también en los casos de abuso, y también se apunta la “necesidad” de estudiar políticas de “indemnización” a las víctimas.
Asimismo, se recomienda “consolidar y aclarar” las competencias de cada ministerio de la Curia Romana para “garantizar una gestión eficiente, rápida y rigurosa” de cada posible caso de abuso que llegue a las estancias de la Santa Sede. (EL HERALDO)
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