La teoría del derecho constitucional designa con el nombre de poder constituyente al órgano formado por un grupo de representantes del pueblo que han sido elegidos por éste, con el único fin de formar una asamblea que examine, discuta y apruebe la ley suprema de la nación, es decir, la Constitución.
La Constitución puede definirse como el conjunto de normas que establecen los órganos del Estado, la relaciones entre estos, los procesos fundamentales de creación de las disposiciones que integran el orden jurídico y los contenidos de esas normas.
La Constitución mexicana se ha considerado como rígida y escrita. Es rígida porque uno de los poderes constituidos, aisladamente y por sí solo, no puede tocarla o modificarla; la rigidez de una constitución implica que su procedimiento de enmienda o reforma es de compleja realización: en México, además de la voluntad del legislador ordinario federal, se requiere la de la mayoría de las legislaturas locales. A este procedimiento de enmienda se le denomina constituyente permanente.
Este constituyente permanente ha sido electo por el pueblo, específicamente por los ciudadanos que han emitido su voto en los procesos electorales, para así designar al conjunto de legisladores, federales y estatales que lo conforman.
En este marco, vivimos en México una serie de reformas constitucionales que pretenden ser un ajuste a las nuevas necesidades que impone una sociedad y un país en constante cambio y evolución.
Tal vez el ruido generado por la reciente reforma judicial no ha permitido poner atención en otras reformas que se han dado en el pasado mes de octubre. En este envío deseo reseñar el Decreto que le devuelve Pemex y CFE al pueblo de México. Declarada constitucional esta reforma, pasó por la mayoría calificada de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, de la mayoría de los Congresos de los estados, y que ya fue enviada al Poder Ejecutivo para que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación.
En su anuncio, la Secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, señaló: “Concluyó el proceso legislativo de la reforma en materia de áreas y empresas estratégicas del Estado mexicano que inició el 5 de febrero de este año, tras 10 meses, aprobación en ambas Cámaras y aprobación en la mayoría de los estados de la República. Hoy ya es una reforma constitucional que nos llena de muchísimo orgullo porque con la reforma de los artículos 25, 27 y 28 se retoma por el Estado algo que nunca se debió de haber perdido.
La reforma de 2013 privatiza o pone a competir a las empresas que eran públicas, las convierte en empresas privadas y con eso, se genera el que no exista la garantía de la prestación de los servicios públicos.
¿Qué significó la reforma del 2013?
La reforma, mal llamada “reforma energética” porque realmente lo que ocasionó fue el desmembramiento de las empresas públicas del Estado, de las empresas de todos los mexicanos, pasaron de ser empresas, que se les llamaron “productivas”, pero en realidad lo que ocasionaron es que se convirtieran en empresas privadas que competían entre sí y que estaban regidas por el derecho mercantil, no por el derecho público, para proveer servicios públicos. Es decir, algo que era un recurso estratégico del país y que era base de la soberanía nacional y la soberanía energética se convirtió en una mercancía común y corriente, dejando de ser un recurso estratégico.
Con esta reforma lo que se está haciendo es regresarle al pueblo de México estas empresas, se cambia la naturaleza tanto de la Comisión Federal de Electricidad como de Petróleos Mexicanos para devolverles eso, su carácter público como empresas públicas del Estado.
Esto, ¿qué significa?, que se le da prevalencia a estas empresas para que se garantice la continuidad, la seguridad y la accesibilidad de todos los mexicanos a un recurso estratégico.
Con la reforma anterior, por ejemplo, les pongo solamente un ejemplo, CFE no podía llevar energía eléctrica a poblados alejados donde no fuera rentable, porque tenía que verse el servicio público como una mercancía, la cual tenía que venderse a precios que fueran rentables para todas las empresas, como cualquier empresa privada.
Aquí recuperamos la esencia de que este es un recurso estratégico para la nación y, por otro lado, nos permite retomar la capacidad de planeación que tenía el Estado mexicano, y que nunca se debió de haber perdido, pero que con la reforma del 2013 se perdió. Y esto ha ocasionado muchísimo desorden y ha ocasionado incluso problemas técnicos que ponen en riesgo la confiabilidad de todo el Sistema Energético Nacional.
Asimismo, otra de las cosas que se reservan para la nación es que se incorpore el litio como un área estratégica del Estado mexicano.
Básicamente estos son los puntos de la reforma.”
Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum cerró diciendo: “Estas reformas plantean 180 días, en el caso particularmente de las empresas energéticas, para poder modificar principalmente la Ley de Pemex, la Ley de Comisión Federal, la Ley de la Industria Eléctrica, y otras leyes que fueron también parte de la modificación de la reforma del 2013. Ya tiene tiempo la Secretaría de Energía con Pemex y CFE trabajando estas leyes.
Y también es importante que se sepa que hay un espacio también para la inversión privada, es decir, Pemex y CFE regresan a ser empresas públicas del pueblo de México y se mantiene un espacio para la inversión privada, que quedará establecido con orden, con certeza, en las leyes secundarias; esta es la siguiente parte, pero hoy revertimos una buena parte de la reforma del 2013 y Pemex y CFE regresan a ser empresas del pueblo de México. Y nuestro compromiso de que van a ser empresas operadas eficientemente y que brindarán servicios, combustibles y electricidad a precios accesibles para todas y para todos.”
En nada nos debería sorprender que estén en marcha esas y otras reformas constitucionales. Baste recordar que el entonces diputado federal, y hoy senador por el partido Morena, Gerardo Fernández Noroña, una vez ocurrido el triunfo de la izquierda señaló: “no hay engaño’’, porque se dijo que habría reformas muy importantes al marco constitucional y que se necesitan, entre otras la reforma al Poder Judicial.
En conferencia de prensa previa al inicio de la sesión de la Comisión Permanente, con la participación de senadores y diputados federales morenistas, Ignacio Mier, coordinador entonces de los diputados federales morenistas, recordó que la Junta de Coordinación Política (JCP) de la Cámara Baja ya había acordado que el paquete de reformas a la Constitución que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó de manera formal en febrero pasado y que sigue vigente.
De acuerdo con el modelo democrático que vivimos, ese es el mandato de la ciudadanía, si tomamos en cuenta los resultados de la pasada elección federal, que le dio la Presidencia de la República y la mayoría del Congreso de la Unión a la alianza encabezada por el partido Morena.
Cuando el pueblo desee otro rumbo, votará por ello, por lo pronto, eligió este camino.
José Vega Bautista
@Pepevegasicilia
josevega@nuestrarevista.com.mx
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