COAHUILA

Derecho humano al agua, un pendiente de los municipios de Coahuila

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27 octubre, 2024

A 12 años de haber sido elevada a rango constitucional a nivel nacional, en nuestro estado se requiere la aprobación de 20 de los 38 municipios para que ocurra lo mismo, pero hasta la fecha solo 19 lo han hecho

El derecho humano al agua, que desde 2012 es reconocido en el artículo 4°, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implica que todas las personas, en condiciones de igualdad y no discriminación, cuenten con agua suficiente, segura y asequible. Treinta de treinta y dos estados de la República ya lo incorporaron a su propia Constitución, faltando solamante Coahuila y Querétaro de hacerlo. En el caso de nuestro estado, para que esto ocurra se requiere el visto bueno de al menos 20 de los 38 gobiernos municipales, es decir, la mitad más uno, pero a la fecha solamente 19 ayuntamientos lo han hecho, por lo que falta solo uno para elevar el derecho al agua a rango constitucional en nuestro estado.

Fue el 8 de febrero de 2012 cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación un nuevo párrafo (6°), agregado al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se reconoce el derecho humano al agua y al saneamiento, en los siguientes términos:

“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.

Más de cuatro años después, el 29 de marzo de 2016 en sesión ordinaria de la LX Legislatura del Congreso del Estado, el diputado del partido Unidad Democrática de Coahuila (UDC), Sergio Garza Castillo, presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política local, con objeto de reconocer el derecho de los coahuilenses el acceso al agua potable y saneamiento.

Al año siguiente, el 10 de abril de 2017, el Pleno aprobó, por unanimidad de votos, el respectivo dictamen de las comisiones de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua, lo que dio paso al proceso legislativo subsecuente para concretar la reforma el artículo 7 de la Constitución Política del Estado.

Correspondió al entonces oficial mayor del Congreso, Francisco J. Rangel, remitir la iniciativa aprobada a los 38 Ayuntamientos del estado, a fin de recabar sus respectivas posturas, ya fueran a favor o en contra del proyecto, que, para su puesta en vigor (mediante su publicación en el Periódico Oficial el Estado), se requiere el visto bueno de al menos 20 gobiernos municipales, es decir, la mitad más uno de su totalidad, según marca la norma.

Un año más tarde, en marzo de 2018, solo 16 de los 38 municipios notificaron su asentimiento: Acuña, Allende, Castaños, Francisco I. Madero, General Cepeda, Matamoros, Ocampo, Parras, Progreso, Sabinas, Saltillo, San Juan de Sabinas, San Pedro, Sierra Mojada, Viesca, Villa Unión. El resto de los cabildos, simplemente no respondieron al exhorto.

INSISTENCIA DEL CONGRESO

No obstante, el 5 de junio de ese mismo año, a solicitud del exdiputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, del partido UDC, el Pleno legislativo aprobó de manera unánime, pero también infructuosa, “exhortar a los 22 Ayuntamientos faltantes de contestar, emitan su voto en referencia a la reforma constitucional… para los fines conducentes”.

Para entonces, 25 entidades del país ya habían incorporado a sus respectivas constituciones el derecho humano al agua y saneamiento, quedando pendientes de hacerlo: Aguascalientes, Campeche, Querétaro, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Coahuila.

NUEVOS INTENTOS FALLIDOS

El 19 de marzo de 2019, el entonces diputado José Benito Ramírez Rosas, también planteó, mediante una proposición con punto de acuerdo, aprobada de manera unánime, un exhorto a los Ayuntamientos de Abasolo, Arteaga, Candela, Cuatro Ciénegas, Escobedo, Frontera, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Juárez, Lamadrid, Monclova, Morelos, Múzquiz, Nadadores, Nava, Piedras Negras, Ramos Arizpe, Sacramento, Sanbuenaventura, Torreón y Zaragoza.

La demanda fue clara y concreta: “…tal como en su momento –reza el texto– lo hicieron los otros 16 gobiernos municipales de la Entidad, hagan saber a esta LXI Legislatura sus votos de referencia respecto de la reforma aprobada por este Poder Legislativo al Artículo 7º de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, que establece el derecho humano al agua y saneamiento”.

Luego, el 24 de mayo de 2022, a propuesta del también exdiputado Francisco Javier Cortez Gómez, el Congreso aprobó solicitar a los 38 Ayuntamientos de la entidad a que emitiesen sus respectivos votos, “o bien, a los que de entre estos aún no votan, en relación con la reforma constitucional que establece el derecho humano al agua y saneamiento, con objeto de concluir el proceso legislativo de referencia”.

Así, la LXII Legislatura estuvo a solo un voto de que se pusiese en vigor dicho decreto, al haber dado su visto bueno un total de 19 cabildos, en lo que fue la cuarta ocasión en que se requirió a los 38 Ayuntamientos que discutiesen en sesión este punto, para luego notificar al Congreso sus respectivas posturas sobre el mismo. (David Guillén Patiño)