Un riesgo para los derechos humanos y la democracia
El martes 22 de octubre, el presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) lanzó una dura advertencia en una conferencia de prensa celebrada en el Senado de la República. En su declaración, alertó sobre los planes de los senadores Adán Augusto, Gerardo Fernández Noroña, Ricardo Monreal y el diputado Sergio Gutiérrez, integrantes de Morena, quienes buscan reformar los artículos 1, 103, 105 y 107 de la Constitución Mexicana. Estas reformas, según el PRI, eliminarían el control de convencionalidad y prohibirían impugnar reformas constitucionales, ya sea mediante juicios de amparo, acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales.
¿Qué está en juego con estas reformas?
El control de convencionalidad es una figura clave en el sistema jurídico mexicano. Garantiza que cualquier legislación o reforma interna esté en concordancia con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. De ser eliminada, México podría enfrentarse a serias dificultades para cumplir con sus obligaciones internacionales y compromisos adquiridos ante organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En esencia, esta medida pondría en riesgo los derechos fundamentales de los ciudadanos, ya que las interpretaciones sobre derechos humanos quedarían a criterio exclusivo de las autoridades mexicanas, sin la posibilidad de recurrir a instancias internacionales o procesos de impugnación.
Además, la prohibición de impugnar reformas constitucionales mediante el juicio de amparo o cualquier otra vía judicial es una clara amenaza a los mecanismos de control constitucional. El juicio de amparo es una herramienta fundamental en el sistema mexicano, utilizada para proteger a los ciudadanos de actos inconstitucionales. Si se aprueba esta reforma, el Ejecutivo y el Legislativo tendrían carta blanca para modificar la Constitución sin temor a ser cuestionados o detenidos por otras instancias de poder.
Retroactividad y concentración del poder
Otro aspecto preocupante de la propuesta es la retroactividad que las reformas implicarían. Esto significa que los juicios y acciones en curso quedarían sin efecto, un golpe directo al principio de no retroactividad, que garantiza que una nueva ley no puede perjudicar derechos previamente adquiridos. Aplicar la ley retroactivamente en procesos ya en trámite es un precedente peligroso que desestabiliza la confianza en el sistema jurídico y atenta contra la seguridad jurídica de los ciudadanos.
Esta reforma también representa una concentración de poder en Morena, al limitar o eliminar la posibilidad de que los ciudadanos o la oposición política impugnen las decisiones del gobierno. De ser aprobada, debilitaría el sistema de pesos y contrapesos necesario en toda democracia. Los procesos legislativos y las reformas constitucionales quedarían sin supervisión efectiva, lo que abriría la puerta a posibles abusos de poder.
Compromisos internacionales en peligro
México, como parte de la comunidad internacional, ha firmado tratados y acuerdos que protegen los derechos humanos y el acceso a la justicia. Con esta reforma, se enviaría un mensaje claro de que las autoridades mexicanas están dispuestas a desatender estos compromisos. Esto podría tener serias repercusiones en la relación de México con organismos internacionales y dañar su reputación en el escenario global.
Conclusión
Las propuestas de reforma impulsadas por Morena no solo son un ataque directo al sistema de justicia mexicano, sino que también representan un riesgo significativo para la estabilidad democrática del país. Al eliminar mecanismos de control y supervisión, se abre la puerta a un gobierno sin límites, donde los derechos de los ciudadanos podrían quedar desprotegidos.
El control de convencionalidad, el juicio de amparo y la no retroactividad son principios fundamentales de cualquier estado de derecho. Desmantelarlos no solo debilitaría el sistema de justicia mexicano, sino que también pondría en peligro las libertades y derechos básicos de la población.
Es imperativo que la ciudadanía, la oposición política y los actores internacionales permanezcan vigilantes ante estas posibles reformas. Lo que está en juego no es solo un cambio constitucional, sino la estructura misma de la democracia en México. Las propuestas de Morena deben ser evaluadas con sumo cuidado, ya que de ser aprobadas, podrían tener consecuencias irreversibles para la protección de los derechos humanos y la justicia en el país.
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