EL CASO GARCÍA LUNA: RESEÑAR EN BUSCA DE LA NO REPETICIÓN

Por
José Vega Bautista
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En la llamada “Conferencia Mañanera del Pueblo”, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el 18 de octubre, se habló del caso García Luna: Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de gobernación, presentó las investigaciones que hay en México por parte de la Fiscalía General de la República; después, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, presentó las investigaciones que hizo la UIF, que también derivaron en carpetas de investigación.

En primer término, la secretaria de gobernación señaló: Esta semana se confirmó que el exsecretario de Seguridad Pública de México y mano derecha del expresidente Felipe Calderón, Genaro García Luna, ayudó durante una década al cártel de Sinaloa a cambio de sobornos millonarios.

Recordó que el juez de distrito de Estados Unidos, Brian Cogan, lo condenó a 38 años de prisión y le impuso una multa de dos millones de dólares por participar en una empresa criminal continua, conspiración para la distribución internacional de cocaína, y por hacer declaraciones falsas.

Así, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio los detalles en un comunicado emitido, donde afirmó que el exfuncionario traicionó la confianza pública y a las personas que había jurado proteger.

García Luna inició su carrera en 1989 en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, en el Cisen, donde permaneció hasta 1999 y ejerció varios cargos; entre ellos, subdirector y director de área, director general y coordinador general de Inteligencia.

Cuando era subdirector operativo de dicho centro tuvo lugar el homicidio lamentable del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio. Ya en esta época, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación para que se investigara este hecho, y la Fiscalía General de la República inició la investigación correspondiente, logrando probar que existe evidencia material y prueba científica de que el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas dos personas accionaron en forma casi simultánea armas de fuego contra el entonces aspirante a la Presidencia. El llamado ‘segundo tirador’, Jorge Antonio, fue detenido de forma inmediata y llevado a la entonces Procuraduría General de la República en Tijuana, en donde fue rescatado directamente por García Luna.

El 29 de enero de 2024, la Fiscalía General de la República, a través de un comunicado, dio a conocer que García Luna encubrió a Jorge Antonio, agente del Cisen asignado a proteger al aspirante priista.

Todas las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la República, y en especial las de análisis de sangre, demuestran que en la ropa de dicho agente se halló el tipo de sangre de la víctima. Además, se encuentra debidamente probado que el Cisen mandó a García Luna, al lugar de los hechos para después encubrir al acusado y sacarlo de Tijuana de manera urgente y subrepticia.

Cabe señalar, para también contexto de este caso, que un juez también integrante del Poder Judicial negó que se abriera esta carpeta de investigación y continuar con la investigación correspondiente. Eso en el año 2024.

Recordó también que García Luna fue designado en 1999 coordinador general de Inteligencia de la Policía Federal Preventiva.

Y en diciembre del año 2000, en el gobierno de Vicente Fox, se convirtió en el director de Operación y Planeación de la Policía Judicial Federal.

Y en 2001, fue nombrado titular de la Agencia Federal de Investigación, la AFI.

Ya con Calderón, en 2006, se convirtió en secretario de Seguridad Pública Federal, cargo en el que se mantuvo todo el sexenio.

En noviembre de 2013, García Luna se fue a vivir a Miami, Florida. Fue detenido en diciembre de 2019 en Dallas, Texas; y unos días después, trasladado al Centro de Detención Metropolitano en Nueva York, donde hoy permanece, y su juicio duró casi seis años.

Rosa Isela también señaló que entre las órdenes de aprehensión que hoy tiene la Fiscalía General de la República en contra de García Luna por delitos cometidos en México y que no tienen vinculación con el proceso penal de Estados Unidos se encuentra la relacionada con su participación en la operación llamada ‘Rápido y furioso’ por el delito de introducción al territorio nacional de forma clandestina de armas, municiones, cartuchos, explosivos y materiales de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea o sujetos a control.

Aclaró, además, que la averiguación previa se inició en 2009 por la Procuraduría General de la República y que fue hasta el año 2020 cuando García Luna, que ya había dejado de ser secretario de Seguridad, se pudo judicializar por la actual Fiscalía General de la República.

En esta operación de ‘Rápido y furioso’ el grupo de trabajo sobre el control de drogas contra el crimen organizado introdujo más de dos mil armas de forma ilegal a México con el fin de identificar compradores, financiadores, transportadores y traficantes de armas para los cárteles y desarrollar, según ellos, inteligencia que pudiera desmantelar organizaciones crimínales, lo cual nunca ocurrió, sino que ese armamento sirvió para potenciar la capacidad de actuación de estos grupos y generó una espiral de violencia en el país.

Otra orden de aprehensión en su contra es por el uso indebido de atribuciones, este delito, uso indebido de atribuciones y facultades, así como por asociación delictuosa. Esta investigación también la lleva actualmente la Fiscalía General de la República y se debe a que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en el 2020 promovió una denuncia penal ante la fiscalía, ya que García Luna, promovió un proyecto para la construcción de 12 Centros Federales de Readaptación Social bajo el esquema de la partición con la iniciativa privada, logrando que se aprobara el 10 de diciembre de 2010 un presupuesto para la celebración de contratos que se adjudicaron de forma directa a empresas creadas entre julio y octubre de este año 2010 exprofeso para este fin.

Y se hizo una justificación del proyecto ante la Secretaría de Hacienda para que el gasto por cada recluso se iba a reducir, lo cual no ocurrió; al contrario, subió en exceso 10, 15 veces más por preso, ya que, al pagar un centro de reclusión semivacío, incrementó exageradamente este costo por interno, generando un quebranto a la hacienda pública.

La secretaría recordó que el presidente López Obrador, desde la mañanera, denunció una y otra vez el involucramiento del secretario de Seguridad de Felipe Calderón con organizaciones criminales. Y el Poder Judicial de la Federación no quiso juzgarlo y, en cambio, liberó a su socia y le regresó las cuentas a su esposa.

Para Rosa Isela, el expresidente Calderón le dio a García Luna un poder ilimitado. Su gobierno declaró ante el pueblo una guerra contra los criminales que dejó muchas víctimas inocentes.

Y las investigaciones de la Fiscalía General de la República en contra de García Luna continúan abiertas, y también la recuperación de los recursos del pueblo de México que actualmente litiga el gobierno mexicano en Estados Unidos.

Subrayó que actualmente el Gobierno de México y sus autoridades han decidido siempre estar del lado correcto, del lado de los mexicanos, y están comprometidos con la cero corrupción, la cero impunidad y cero complicidad.

Por su parte, Pablo Gómez, en su presentación, expuso: Vamos a hablar de la trama corrupta de García Luna. Durante el periodo de 2009 a 2018, la Policía Federal, el Cisen y el OADPRS, que es el organismo de prisiones, otorgaron 30 contratos.

García Luna, a través del tejido empresarial del Grupo Weinberg, encabezado por Mauricio Samuel Weinberg López y Jonathan Alexis Weinberg Pinto, obtuvo contratos por un total de 727 millones 923 mil 523 dólares y 528 millones 26 mil 666 pesos, de los cuales fueron pagados 625 millones 188 mil 666 dólares y 93 millones 866 mil 666 pesos con el siguiente detalle:

“Como ustedes pueden ver, la empresa Nunvav Inc recibió pagos del organismo de prisiones OADPRS por 288 millones y medio.

Nunvav recibió del Cisen 44 millones de dólares y algo más, y 67 millones y pico de pesos.

Y de la Policía Federal, 14 millones 500 mil dólares.

Nunvav Technologies Inc, del Cisen, recibió 208.83 millones de dólares.

Y Nice Systems recibió de la Policía Federal 69 millones.

Glac, que es una empresa que aparece como propiedad de García Luna y su esposa, recibió de la Procuraduría General de Justicia en la Ciudad de México aquí como contrato un reconocimiento de adeudo y le pagaron en algún momento 26 millones 666 mil 666 pesos mexicanos con 60 centavos.

Este cuadro se conformó gracias al apoyo que llevó a cabo la entonces secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, que está aquí presente; bueno, que estaba, se nos adelantó al trabajo.

De estos pagos, entre 2009 y 2018, la Policía Federal, Cisen, el OADPRS y la procuraduría, pagaron 625 millones y fracción de dólares y 93 millones de pesos al Grupo Weinberg a cuentas en México, Barbados e Israel.

Entre julio de 2013 a enero de 2020, Nunvav, envió recursos a Estados Unidos por un total de 528 millones de pesos y 28 millones de dólares de manera directa.

Los pagos fueron hechos por entidades gubernamentales y depositados en cuentas de Nunvav en el extranjero. Se sabe que existieron pagos hechos por la empresa Nunvav, cobrados en cuentas mexicanas y enviados al extranjero posteriormente, en donde hay 28 millones y medio de dólares y 528 millones de pesos”.

Pablo Gómez aclaró que las empresas Nunvav fueron constituidas en Panamá, es decir, no son empresas constituidas en el territorio mexicano, aunque operaron en México; nunca pagaron impuestos en México y tampoco, que se sepa, en algún otro país. Esta es una red internacional de lavado que complementa la red de defraudación al Estado mexicano.

Regresaron a México, de cuentas del Grupo Weinberg, 189 millones 801 mil 468 dólares a 109 beneficiarios; 82 empresas, entre 2012 y 2020, por un monto de 182 millones 543 mil 823 dólares; 27 personas físicas, entre 12 y 20, también en ese periodo, por siete millones punto 257 de dólares. Un total de 189.80 millones de dólares que volvieron al país en la triangulación que estuvieron haciendo.

O sea, les pagaba el Estado mexicano, sacaban el dinero al extranjero y una parte lo regresaban y lo entregaban a empresas que son pantalla, que son empresas de cartón, muchos de ellos han sido considerados de esa manera como factureros por el Sistema de Administración Tributaria; y algunas otras empresas existen, aunque no tienen un funcionamiento normal.

También, hay 27 personas a las que físicamente se les hicieron pagos.

Ahora veamos un detalle, continuó Gómez, la Fiscalía Especial en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación y Alteración de Moneda y fiscales de la Fiscalía General de la República integraron una carpeta de investigación contra Genaro García Luna y sus socios relacionada con la contratación en el organismo de prisiones, OADPRS contra 61 imputados, respecto a los cuales se obtuvo 61 órdenes de aprehensión, 12 de las cuales fueron cumplidas, 36 están vigentes, ocho personas fueron detenidas, ocho vinculadas, además, a proceso.

El Estado mexicano está en espera del proceso de extradición de Jonathan Alexis Weinberg Pinto, detenido el 31 de diciembre de 2023 en Madrid, como posible responsable del tejido empresarial del Grupo Weinberg, que fue el que utilizó García Luna para poder conseguir los contratos, primero daba él los contratos a través de otros funcionarios que ya están sometidos a proceso y después que dejó de ser servidor público los conseguía, ya en el sexenio de Enrique Peña Nieto, él operó transexenalmente.

Ahora, tenemos un proceso civil que va a culminar en un juicio en el estado de Florida, la demanda civil para la recuperación de activos presentada por el Gobierno de México en contra de Genaro García Luna y cómplices ante las cortes del condado de Miami Dade, en el estado norteamericano de Florida.

Se reclaman más de 600 millones de dólares procedentes del Estado mexicano a través de operaciones realizadas por el tejido empresarial del Grupo Weinberg, dirigido por Genaro García Luna, mediante una red de corrupción y lavado de dinero internacional, en la cual participan siete personas físicas, cuatro empresas contratistas, 40 empresas norteamericanas, constituidas para adquirir, poseer bienes, diseminar recursos, recibir pagos y simular actividades.

Antes del juicio propiamente dicho, que se llevará a cabo próximamente, dentro del proceso civil el juzgado ha ordenado entregarle al Gobierno de México dos millones 406 mil 427 dólares, producto de la venta de inmuebles y de un acuerdo reparatorio que se hizo como parte de este proceso.

Además, un departamento valuado en 555 mil 800 dólares, que fue propiedad de García Luna, y que ya se entregó al Gobierno de México para su venta.

Ya han sido aseguradas 15 propiedades adicionalmente pertenecientes a García Luna y sus cómplices.

Ahora, esto se adelantó, no hubo necesidad de concluir el juicio porque García Luna se negó a comparecer en el juicio personalmente, y su esposa también, y fueron declarados en rebeldía. Y entonces los bienes que estaban a su nombre, los que conocemos —puesto que ha sido una investigación, que es muy complicada, pero tuvo algunos avances—, esos ya han estado siendo adjudicados al Gobierno de México y han sido regresados, y entregado el dinero, conforme se ha ido vendiendo los inmuebles, a la Tesorería de la Federación.

Vaya relato mañanero, una historia que nunca más debería ocurrir.

José Vega Bautista

@Pepevegasicilia

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