Acusa García Luna nexos de AMLO con narcotráfico

Por
Agencia Reforma
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Ciudad de México.- En una carta pública, el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, acusó nexos del presidente Andrés Manuel López Obrador y de sus operadores con líderes del narcotráfico.

El escrito, de cuatro páginas y con fecha del 13 de septiembre, fue filtrado por el abogado de quien fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública durante el sexenio del presidente Felipe Calderón.

En las líneas escritas a mano por quien lleva preso 58 meses en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC), defiende su inocencia, acusa pruebas fabricadas por el actual Gobierno de México y vínculos de López Obrador con el crimen organizado, de lo que, afirma, hay pruebas.

«Es de conocimiento público y está en los registros federales de México y EUA, los contactos, videos, audios, fotografías, registros de comunicación y gestión entre el actual presidente de México Andrés Manuel López Obrador y sus operadores con los líderes de narcotráfico y sus familias; en particular, con los narcotraficantes que fueron utilizados como testigos en mi contra durante el juicio.

«Quienes inclusive durante el juicio imputaron al presidente López Obrador y a sus operadores de estar vinculados con ellos y el narcotráfico. Estos hechos son corroborados con la reciente captura del narcotraficante Ismael Zambada ‘Mayo Zambada’, la carta escrita por él donde señala los vínculos del actual Gobierno con él y el narcotráfico, la posición del Gobierno de México contra la captura del capo y el desmantelamiento del Poder Judicial de México (Jueces, Magistrados, Ministro, Corte), cuyos principales beneficiarios son los criminales.

«Hechos ratificados con la pausa-suspensión de las relaciones oficiales entre México y EUA, decretada por el actual presidente de México debido a la postura de EUA ante estos hechos», expuso.

García Luna indicó que desde su detención en diciembre de 2019, en el exterior del departamento que rentaba en la ciudad de Irving, Texas, le fue ofrecido en reiteradas ocasiones un acuerdo con la Fiscalía de Nueva York para que se inculpara de delitos vinculados al narcotráfico a cambio de estar detenido por «poco tiempo», es decir, seis meses.

También dijo que se le ofrecía recibir beneficios económicos si se convertía en testigo por inducción del Estado mexicano.

«No para imputar delincuentes-narcotraficantes, porque de haber sido así, no era necesaria mi detención, he combatido el crimen con sus escalas más altas toda mi carrera profesional, la perspectiva era imputar personas e instituciones que en el corto plazo debilitarán el desarrollo, paz pública y vida institucional del país. Evidentemente no acepté y la reacción fue explosiva», comunicó.

Según la versión del ex encargado de la seguridad en México, en febrero de 2023 fue a un juicio en el que los fiscales no presentaron «una sola prueba o evidencia» que acreditara los delitos que señalaban, esencialmente los vinculados al narcotráfico.

Aseveró que no se tiene documento, fotografía, video, audio, registro de comunicación telefónico, documentos fiscales o financieros, ni cuentas bancarias o registro alguno de contacto con algún miembro del narcotráfico o su familia, como lo afirmó el Gobierno de México.

Inclusive, mencionó que el juez responsable de su causa en la Corte de Brooklyn, Nueva York, resolvió en respuesta a una moción hecha por la defensa, la inexistencia en su patrimonio de «un solo dólar vinculado al narcotráfico», tras lo que calificó como una rigurosa auditoría fiscal y financiera que duró más de un año a todo su patrimonio a partir del año 2012, cuando empezó su residencia en Estados Unidos.

Mencionó que, en México, un Tribunal Colegiado del Poder Judicial resolvió en octubre de 2023 (después del juicio), que no había pruebas que acreditaran ingresos ilegales en su patrimonio previo al año 2012 y durante más de 20 años que se desempeñó como funcionario público. Las pruebas en su contra, reviró, fueron fabricadas por el gobierno central de este país.

«En suma, tanto en Estados Unidos y México, los respectivos poderes judiciales resolvieron que mi patrimonio de más de 20 años es lícito, que no hay ni un solo peso-dólar vinculado al narcotráfico. Lo único que fue utilizado en el juicio para acreditar los delitos que me imputan fue información falsa proporcionada por el Gobierno de México y los dichos de testigos con antecedentes criminales reconocidos y declarados por ellos de tortura, decapitación, secuestro, homicidio y narcotráfico que no tienen precedentes en la historia de México», insistió.

«La información falsa aportada por el Gobierno de México y los dichos contradictorios de los testigos fueron completamente desacreditados con evidencia, pruebas documentales, fotografías, declaraciones, jurados y resoluciones del Poder Judicial en Estados Unidos y México. En el marco de los recursos legales que provee el proceso legal, no pudieron los fiscales demostrar-probar que la evidencia aportada por la defensa fuera falsa o no existiera, no pudieron negar la legitimidad y existencia de las pruebas que acreditaban las falsas declaraciones de los testigos y lo más sorprendente es que los fiscales fueron totalmente omisos en verificar y corroborar un solo dato o información aportada por el Gobierno de México y los testigos criminales», reprochó.

Para García Luna, el único testigo honorable utilizado por la Fiscalía en el juicio fue la del Embajador de Estados Unidos en México, a quien refirió que el acusado fue una pieza clave del Gobierno de México en el combate al narcotráfico y que las reuniones sistemáticas que tenía con las agencias de seguridad e inteligencia de Estados Unidos no habían recibido ningún informe que indicara que fuera corrupto o que estuviera vinculado con el narcotráfico.

«Señalando que, si esto hubiera existido, él tendría que haber sido informado y no fue así, desacreditando las declaraciones de los testigos-criminales», apuntó.

 

REPROCHA INTIMIDACIÓN, ACOSO Y QUE ES GRABADO

Durante su estancia en MDC de Brooklyn en Estados Unidos, García Luna informó que ha sufrido intimidaciones y acoso con personas que lo han grabado para tener pruebas en su contra.

«Casi 5 años en condiciones infrahumanas. He presenciado homicidios, apuñalamientos y amenazas sistemáticas a mis integridad. Fui segregado casi un año a las celdas de castigo sin haber violado alguna norma o falta al reglamento y sin tener un registro de mal comportamiento. En dos ocasiones me designaron compañeros de celda que me grabaron más de dos mil horas tratando de involucrarme con el mal narcotráfico o algún delito». (AGENCIA REFORMA)