Morena busca demoler al Poder judicial y para ello es capaz tanto de olvidar los argumentos que sustentaron la Constitución de 1917, como apelar a propuestas que impulsó Santa Anna. Ejemplo de lo último es el tribunal disciplinario que se contiene en la iniciativa que se discute y que resulta una mala copia de aquel que fue aprobado por los conservadores en 1843.
Paulino Machorro y Narváez nació en Durango en 1877. En 1901, después de cursar algunos años en el Seminario Conciliar, se recibió de abogado en la Escuela de Jurisprudencia de Guadalajara. En sus primeros años de ejercicio profesional se desempeñó como ministerio público y juez. Simpatizó con las causas revolucionarias y puso su pluma al servicio del movimiento. Acompañó a Carranza hasta Veracruz en 1915 y fue electo al Congreso Constituyente de Querétaro.
En los debates de aquellas jornadas, y en relación con la designación de juzgadores dijo: “En primer lugar, el magistrado no es igual al diputado o al senador: el magistrado es radicalmente distinto; él no va en el ejercicio de sus funciones a representar a la opinión; no va a representar a nadie; no lleva el criterio del elector, sino que lleva el suyo propio; simplemente se le elige como persona en la cual se cree que se reúnen ciertos requisitos indispensables para llenar una función social; él tiene que obrar en su función precisa, obrar quizá hasta contra la opinión de los electores. Si un magistrado electo popularmente siente que mañana rugen las multitudes y le piden sentencia en un sentido, el magistrado está en la obligación de des-oír a las multitudes y de ir contra la opinión de los que lo eligieron. El diputado no debe ir contra la opinión, es la opinión del pueblo mismo, viene a expresar la opinión del pueblo y el magistrado no, es la voz de su conciencia y la voz de la ley. Por este motivo la esencia misma de la magistratura es muy distinta de la función social que ejerce el representante político”.
Machorro, hombre de su tiempo, llegó al constituyente con la legitimidad de la revolución y de su amplia experiencia en la jurisprudencia. En los debates fundacionales de Querétaro los argumentos se sostenían en el conocimiento de la realidad nacional, las causas que llevaron al pueblo a las armas y las grandes ideas contemporáneas. El proyecto de nación incluía nos solo resolver lo inmediato, además era evidente la responsabilidad con el futuro.
Machorro y Narváez murió en 1957, en su carrera se desempeñó en la administración pública, la academia, el litigio y fue ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hombre probo, fue presidente de la Barra Mexicana de Abogados y recibió múltiples reconocimientos, en especial en Jalisco, su tierra de adopción.
Paulino sigue luchando y desde el diario de los debates del constituyente, reta a Morena a reflexionar sobre su pensamiento.
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