OPINIÓN

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5 septiembre, 2024

La reforma judicial: sus “trampas” y la salida de Adrián Marcelo

La reforma al Poder Judicial, uno de los ejes del paquete de 20 iniciativas presentadas por López Obrador en febrero de 2024, ha sido aprobada en lo general y en lo particular la mañana de este miércoles por Morena y sus aliados del PT y el PVEM en la Cámara de Diputados. El proyecto de ley plantea la elección por voto popular de ministros, jueces y magistrados, la reducción de la Suprema Corte, así como la creación de un órgano de administración judicial y un Tribunal de Disciplina. Los diputados han enviado la minuta al Senado de la República, donde aguarda su discusión.

La presión creciente tanto de trabajadores del Poder Judicial de una veintena de Estados que mantienen un paro indefinido de labores en protesta y exigen un diálogo abierto, así como de las principales agrupaciones empresariales que advierten de un descenso en la inversión en caso de su aprobación, han provocado, varios movimientos sociales.

Las claves de la reforma judicial

El punto más polémico del proyecto de ley radica en la elección popular de más de 1,600 cargos judiciales, entre ministros de la Suprema Corte, consejeros del Consejo de la Judicatura Federal, magistrados del Tribunal Electoral Federal, magistrados de circuito y jueces de distrito. Las elecciones se llevarían a cabo de forma escalonada en dos fases: mientras en 2025 se elegirían tanto a los ministros de la Suprema Corte, como los magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, del nuevo Órgano de Administración y a la mitad de los jueces de distrito y magistrados de circuito; en 2027 se culminaría con la mitad restante. Las elecciones serían organizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE).

El proyecto de reforma también pretende reducir a nueve los ministros que integran la Suprema Corte, hoy compuesta por 11 integrantes. La presidencia, afirma el documento, será renovada cada dos años de forma rotatoria, determinada por el número de votos obtenidos por cada candidatura. Además, los ministros electos permanecerán en su cargo ocho, 11 y 14 años, en función del número de votos obtenidos por cada uno: los más votados se mantendrán en el cargo durante un periodo mayor. Los ministros en funciones que no resulten electos en 2025 no serán beneficiarios del haber por retiro, una pensión vitalicia que incluye aguinaldo, seguro de vida, prima vacacional y bono por riesgo. Además, la reforma plantea que ningún ministro, magistrado o juez podrá ganar un salario mayor al del presidente.

En lo que respecta a los jueces y magistrados, la reforma plantea un periodo de nueve años en el cargo, con la opción de presentarse a una reelección consecutiva.

Los requisitos para aspirar a estos cargos judiciales incluyen tener un título profesional en Derecho y un promedio de ocho a nueve en las materias afines, tener experiencia de al menos cinco años en la actividad jurídica, además de entregar ensayos y cinco cartas de referencia entre vecinos y colegas, que respalden su idoneidad para el cargo.

¿Hay trampas?

Aurelio Nuño, ex Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, advirtió sobre la existencia de tres trampas de fondo contenidas en la reforma al Poder Judicial que no han sido visualizadas claramente por la Oposición, hoy atrapada en un debate «maniqueo» impulsado desde Palacio Nacional, sobre la elección de los juzgadores en las urnas.

El ex funcionario federal consideró que las trampas están en el control político sobre la selección de candidatos, el inmenso número de aspirantes que estarán en las boletas y la creación de un Tribunal de Disciplina que podría convertirse en una especie de inquisición judicial.

Refirió que el modelo impulsado desde el Gobierno federal plantea seleccionar a un conjunto de precandidatos para ser jueces, magistrados y ministros de la Corte, a través de comités de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Recordó que, en por lo menos dos de ellos –Ejecutivo y Legislativo–, la decisión quedará en manos de quien ostenta el poder, que en este caso serían Morena y sus partidos aliados…

Y sale Adrián Marcelo…

Y en medio de todo este asunto, la salida de Adrián Marcelo tuvo en redes sociales 18 mil 305 menciones, mientras que la reforma judicial contabilizó 23 mil 196.

Aunque el tema político obtuvo más menciones su impacto fue menor en comparación al tema de Adrián Marcelo arrojando los siguientes resultados:

La reforma judicial tuvo un alcance en redes sociales de 151 millones de usuarios, mientras que el de Adrián Marcelo fue de 403 millones de usuarios.
El alcance fuera de redes sociales de la reforma judicial fue de 85 millones de personas, mientras que el de Adrián Marcelo fue de 147 millones.
Las interacciones que las menciones sobre la reforma judicial obtuvieron fue de 3.6 millones, mientras que Adrián Marcelo fue de 16 millones.
Las menciones positivas que obtuvo la reforma judicial fueron de solo un 10 por ciento, mientras que Adrián Marcelo reunió un 37 por ciento.
Ahora bien, en el rubro de menciones negativas la reforma judicial de López Obrador se llevó el primer lugar al obtener 90 por ciento, mientras que Adrián Marcelo obtuvo un 63 por ciento.

Cómo ve amable lector, esto es México. Buen fin de semana, la frase: “El presente es el único momento. Vive”. ¡Ánimo!

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