Ciudad de México.- La Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la independencia de los magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, advirtió que el paquete de iniciativas que conforman la reforma al Poder Judicial “podrían socavar la independencia de la judicatura mexicana, en particular de las cortes federales de los Estados Unidos Mexicanos en caso de ser promulgadas sin modificaciones sustanciales”.
La Relatora expresó en la red social ‘X’ que “mientras la última propuesta de reforma judicial se somete a votación en la Comisión (de Puntos Constitucionales) hoy (lunes), reitero mis profundas preocupaciones sobre sus amplias implicaciones para la independencia judicial en todo México”,
En una misiva enviada al Presidente Andrés López, la Relatora Especial, indicó que “las propuestas incluyen medidas que podrían, entre otros aspectos, disponer la elección popular de todos los jueces y la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), sin contar con procedimientos para regular las actuaciones durante la campaña. La reforma propone reasignar las funciones administrativas y disciplinarias del CJF a un órgano de administración judicial y un Tribunal de Disciplina Judicial, los cuales serán electos por voto popular”.
Recordó “que uno de los propósitos de un poder judicial independiente es proteger los derechos humanos y ser un contrapeso al poder que podría amenazar tales derechos”, así mismo señaló que tiene varios comentarios sobre la compatibilidad de las propuestas con las obligaciones de derecho internacional de derechos humanos que vinculan a México.
La Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, manifestó que “la remoción anticipada de todos los jueces en funciones una vez que los nuevos jueces sean electos sería una clara violación de la permanencia en el cargo judicial. La imposición de una prohibición de trabajar durante los dos años siguientes a su remoción también atenta contra sus derechos laborales y el derecho a recibir una pensión”.
La integrante de ONU-Derechos Humanos, en este mensaje que envió al ejecutivo federal mexicano, señaló que “resultan profundamente preocupantes los informes que indican que aproximadamente mil 800 jueces y funcionarios serían inmediatamente despedidos tras la implementación de esta reforma. La remoción abrupta de un número tan grande de funcionarios judiciales podría retrasar la administración de justicia para los ciudadanos comunes que esperan decisiones judiciales, y podría violar su derecho a un juicio justo reconocido en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”. (EL HERALDO)
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