En tono amenazador, el senador de Morena, Ricardo Monreal, advierte que le van a dar una sacudida al Poder Judicial Federal, y también a los de los estados. ¡no se nos van a escapar¡, señala.
La reforma judicial propuesta por el Ejecutivo, la cual pretende que todos los jueces y magistrados sean electos por voto popular, no solo contempla a los integrantes del Poder Judicial a nivel federal, sino que incluye también a todos los juzgadores en los 32 estados de la República, incluyendo por supuesto a los de Coahuila. Así lo informó en Jojutla, Morelos, el senador Ricardo Monreal Ávila, quien en tono amenazante advirtió que le van a dar una sacudida al Poder Judicial Federal, y también a los de los estados.
El martes pasado Monreal Ávila participó en uno de los eventos programados en el estado de Morelos para informar sobre reforma al Poder Judicial, el cual se llevó a cabo en Jojutla.
En su discurso, el senador zacatecano advirtió: “Le vamos a dar una sacudida al Poder Judicial Federal, pero también al estatal, eh, no se nos va a escapar el estatal, se los aseguro, así es que pierden el tiempo quienes creen que van a poder hacer de las suyas en las pensiones y en los nombramientos amañados. No se van a salir con la suya, porque la reforma aprobada en septiembre por diputados y senadores va a ser homologada a todos los estados del país. Quiere decir que después de ser aprobada, en seis meses también en Morelos va a haber elección de magistrados locales y de jueces, que el pueblo los elija, esa es la solución para que no se peleen tanto en el congreso diputados, simplemente hay que decirles: aguántense, porque viene la reforma, porque la reforma que viene a la nación le conviene…”
La reforma judicial va a ser votada en septiembre, una vez que asuman en cargo los senadores y diputados que forman parte de la nueva legislatura, en la cual, presumiblemente, Morena podría contar con la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, y le faltarían tan solo dos senadores para tenerla también en la Cámara Alta. Al tratarse de una modificación constitucional, para ser aprobada esta reforma que forma parte del “plan c” propuesto por López Obrador, requiere el voto a favor de por lo menos las dos terceras partes de los integrantes de ambas Cámaras.
De ser aprobada, todos los ministros de la Suprema Corte, así como los jueces y magistrados del todo el país, tendrían que dejar sus cargos para ser reemplazados por los que resulten electos en una votación popular, lo cual, de acuerdo con expertos en la materia, representa un enorme riesgo de que se elija a personas que no cuentan con la capacidad, los conocimientos y la experiencia para ejercer como juzgadores, y además entraña el riesgo de que los poderosos grupos de la delincuencia organizada puedan influir en la elección de los nuevos jueces para colocar en los cargos a personas afines a sus intereses. (El Heraldo de Saltillo)
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