La reforma al Poder Judicial: ¿avance o retroceso?
Tras los resultados electorales del 2 de junio y la amplia victoria de Claudia Sheinbaum, MORENA y sus partidos aliados obtuvieron los curules necesarios para ejecutar el “Plan C”. Este plan permitirá al oficialismo darle continuidad a una serie de reformas, entre ellas una al Poder Judicial. Dichas reformas han generado mucha especulación no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. En los últimos días, el peso mexicano ha perdido valor debido a la incertidumbre que genera que un partido tenga el poder necesario para hacer cambios tan radicales a la Constitución.
Como ya es de costumbre para el oficialismo, ante toda la incertidumbre que ha generado el tema de la Reforma al Poder Judicial, decidió organizar una encuesta, para que la “voluntad” del pueblo sea considerada a la hora de tomar la decisión. Dichos resultados de la encuesta se entregaron el pasado lunes 17 de junio, en los cuales sorprendentemente un 75% de los encuestados consideraron que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deben ser elegidos por la ciudadanía y un 81% consideró que debe haber una reforma al Poder Judicial en su gobierno.
Puntos clave de la Reforma al Poder Judicial
Propuesta de reestructuración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): reducción a nueve ministros, mandato de 12 años, eliminación de salas, cancelación de pensiones vitalicias y ajuste salarial al tope del Presidente.
Modificación del sistema de designación de ministros, magistrados y jueces para permitir elecciones populares organizadas por el Instituto Nacional Electoral. Elección extraordinaria en 2025 para renovar todo el Poder Judicial de la Federación. Estados podrán implementar reformas para elegir jueces locales por voto.
Sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial, designados por los poderes de la unión.
Adición de nuevas reglas procesales: establecimiento de plazos máximos para asuntos fiscales y penales, y limitación de la suspensión con efectos generales en amparos contra leyes, controversias constitucionales y acciones de constitucionalidad.
¿Avance o retroceso?
En vez de abordar de manera innovadora los problemas de acceso a la justicia, que son fundamentales para resolver las necesidades urgentes, la propuesta actual parece centrarse en aprovechar el hartazgo por la impunidad. Esto se traduce en una ofensiva contra el Poder Judicial sin abordar las deficiencias de los ministerios públicos, que también son clave en el sistema judicial. El mecanismo propuesto para la elección popular de todos los jueces podría abrir la puerta a un mayor control político y a influencias del crimen organizado, partidos políticos e iniciativa privada, lo que podría comprometer la independencia judicial y la imparcialidad en la impartición de justicia. Además, la propuesta de generar controles sobre la judicatura con injerencia del Ejecutivo y del Legislativo podría debilitar la autonomía del Poder Judicial y aumentar la vulnerabilidad de los jueces a presiones externas.
Los principales problemas de la justicia mexicana quedan, en esta propuesta, sin ser verdaderamente abordados, esta no es la reforma que necesita nuestro país y sin duda alguna sería un retroceso para nuestra democracia.
P.D: Todas mis opiniones son a título personal y no representan postura alguna de mi cargo público.
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