El diputado federal, y futuro senador por el partido Morena, Fernando Fernández Noroña, una vez ocurrido el triunfo de la izquierda señaló: “no hay engaño’’, porque se dijo que habrá reformas muy importantes al marco constitucional y que se necesitan, entre otras la reforma al Poder Judicial.
Tiene razón Noroña, eso se dijo y ese es el mandato de la ciudadanía, si tomamos en cuenta los resultados de la pasada elección federal, que le dio la Presidencia de la República y la mayoría del Congreso de la Unión a la alianza encabezada por el partido Morena.
En conferencia de prensa previa al inicio de la sesión de la Comisión Permanente, con la participación de senadores y diputados federales morenistas, Ignacio Mier, coordinador de los diputados federales morenistas, recordó que la Junta de Coordinación Política (JCP) de la Cámara Baja ya acordó que el paquete de reformas a la Constitución que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó de manera formal en febrero pasado está vigente por lo que la reforma judicial se podrá votar en cuanto se instale la nueva Legislatura, el próximo 1 de septiembre.
Por ser de interés nacional, enumero y recuerdo a ustedes las reformas de las que estamos hablando.
- Indígenas y afrodescendientes
El Gobierno propone modificar el artículo 2 de la Constitución para reconocer como sujetos de derecho público a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.
Señala que el Gobierno federal, los estatales, municipales y alcaldías de la Ciudad de México deben impulsar el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas para mejorar su bienestar.
Propone garantizar la participación de las mujeres indígenas en la toma de decisiones, fortalecer la educación indígena, intercultural y plurilingüe. Además de impulsar su economía y fomentar la agroecología, los cultivos tradicionales y el óptimo uso de la tierra.
A los integrantes de las comunidades afromexicanas se les da carácter de sujetos de derecho público y protege su identidad cultural, modos de vida, así como expresiones espirituales.
Se les incluirá en la producción de datos y estadísticas oficiales como censos y encuestas.
- Pensión para adultos mayores y personas con discapacidad
La reforma en Materia de Bienestar busca convertir en derechos constitucionales varios programas sociales.
La iniciativa plantea que toda persona con discapacidad menor de 65 años reciba una pensión, además se deberá garantizar su rehabilitación, priorizando a los menores de 18 años.
Que el monto de los recursos de las pensiones para adultos mayores, personas con discapacidad y becas a estudiantes sean progresivas; es decir, que no disminuya su monto con los años. Estos recursos serán transferidos directamente a los beneficiarios.
- Becas
La iniciativa promueve que se otorguen becas a estudiantes de familias pobres en todos los niveles de escolaridad. Los montos se incrementarán cada año de manera progresiva.
Las Becas para el Bienestar Benito Juárez pasarían a ser parte de la Constitución. El monto varía según el grado escolar, pero se otorgan para todos los niveles: desde el básico (preescolar, primaria y secundaria), educación media superior y superior.
- Atención médica gratuita
El Gobierno propone hacer un cambio para que además de que la atención médica sea integral, universal y gratuita, como ya lo plantea el artículo 4 de la Constitución, ahora se adicionará que “los estudios médicos, intervenciones quirúrgicas y medicamentos necesarios” también sean gratuitos.
- Reforma de vivienda
La iniciativa busca que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) además de otorgar créditos para la compra de vivienda ofrezca algunas en alquiler con precios accesibles.
Los trabajadores que ya tengan un año cotizando en el Infonavit podrán arrendar una casa cuya renta no será mayor al 30% de sus ingresos.
Los ciudadanos que alquilen una vivienda por 10 años tendrán derecho a comprarla.
Se dará preferencia a los esquemas de vivienda del Infonavit a los trabajadores con más años cotizando que no tengan vivienda.
- Bienestar animal
Propone la reforma de los artículos 3, 4 y 73 de la Constitución para prohibir el maltrato animal y obliga al Estado a garantizar protección, trato adecuado y conservación de los animales.
La protección será de acuerdo con su naturaleza, características y vínculos con las personas.
Se prohíbe el maltrato de los animales de crianza y de aquellos que sean para consumo humano.
- Medio ambiente
La iniciativa busca declarar a México país libre de maíz transgénico para la siembra y el consumo humano y reconocer su importancia como alimento básico.
El Estado debe fomentar la actividad agropecuaria y forestal, pero libre de cultivos con semillas de maíz genéticamente modificadas.
Se prohíbe la minería a cielo abierto y se aplicarán sanciones para quien lo haga.
También prohíbe el fracking, o fracturamiento hidráulico, porque altera los ecosistemas, además de que propicia la contaminación del aire, agua y provoca problemas respiratorios y cáncer, según la exposición de motivos.
- Mejor uso del agua
El agua también se incluye en la iniciativa. Señala que se debe autorizar presupuesto para garantizar el recurso para todos y no deben darse concesiones en zonas con baja disponibilidad de agua.
- Vapeadores y fentanilo
El presidente plantea prohibir el uso y venta de vapeadores, también el uso de drogas sintéticas y peligrosas como el fentanilo.
Propone adicionar un párrafo quinto al artículo cuarto y un párrafo segundo al artículo quinto constitucional para prohibir los vapeadores y crear una veda para el comercio de vapeadores y fentanilo.
La iniciativa destaca que la etiqueta de los vapeadores no señala todas las sustancias tóxicas que contienen.
Sobre el fentanilo señala que es una de las drogas sintéticas cuya producción, distribución y comercialización ilegal ha incrementado y que representa “una seria amenaza a nivel mundial”.
- Prisión preventiva
El presidente propone modificar el artículo 19 de la Constitución para ampliar el catálogo de los delitos que requieren prisión preventiva oficiosa.
Se argumenta que todos estos delitos —como el narcomenudeo, la extorsión y la defraudación fiscal— han aumentado durante el actual Gobierno y que se deben combatir para garantizar la paz, seguridad y salud.
- Salario mínimo
Se propone modificar el artículo 123 para establecer que el salario mínimo nunca esté por debajo de la inflación.
Los maestros de nivel básico de tiempo completo, policías, guardias nacionales, integrantes de la Fuerza Armada permanente, médicos y enfermeros, no podrán tener un salario mensual menor al registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
- Pensiones
La iniciativa busca que los trabajadores de 65 años que comenzaron a cotizar después del 1 de julio de 1997 reciban una pensión “igual a su último salario, hasta por un monto equivalente al salario promedio registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)”.
Este monto es de unos US$ 910 al tipo de cambio de este viernes o 16.777 pesos, que es el salario mensual promedio registrado en 2023 en el IMSS con la inflación estimada de 2024.
Propone la creación de un Fondo de Pensiones para el Bienestar, con recursos iniciales de US$ 3.509 millones (64.619 millones de pesos). El fondo se integrará con las aportaciones del Gobierno federal provenientes de varias fuentes.
El mandatario busca adicionar un artículo transitorio a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) para reducir el adeudo que tienen los gobiernos de estados y municipios con el instituto para dar a sus trabajadores servicios de salud.
Con la iniciativa se busca que el Issste reduzca el monto por actualizaciones y recargos de los adeudos por cuotas y aportaciones no pagadas al instituto. Así los gobiernos deudores podrán ponerse al corriente con sus pagos.
Este dinero que se dé al Issste será parte de la bolsa de recursos para Fondo de Pensiones para el Bienestar.
- Salario a jóvenes
El Gobierno busca agregar un párrafo al artículo 123 constitucional para dar un apoyo económico mensual a jóvenes de entre 19 y 29 años que no estudien ni tengan un trabajo.
El apoyo será equivalente a por lo menos un salario mínimo general vigente por un periodo de 12 meses mientras se capacitan en negocios, empresas, talleres o tiendas, entre otros.
Esto es lo que hace el programa actual Jóvenes Construyendo el Futuro. Con este cambio, esta ayuda sería un derecho constitucional.
- Apoyo al campo
Dar a campesinos que cultivan sus tierras con árboles frutales, maderables y especies, cuyos frutos requieren ser procesados para su consumo un jornal, aunque no especifica el monto. También recibirán un apoyo anual y fertilizantes para los pequeños productores.
Propone mantener los precios de garantía para la compraventa de maíz, frijol, leche, arroz y trigo harinero o panificable.
También a los pescadores se les dará un apoyo anual, sin especificar cantidad.
- Trenes de pasajeros
La reforma al artículo 28 constitucional plantea que el Gobierno de México vuelva a utilizar las vías ferroviarias para el servicio de transporte de pasajeros.
El Ejecutivo otorgará las concesiones a empresas o particulares para dar este servicio. Las empresas que ya dan servicio de carga tendrán preferencia para dar el servicio de pasajeros.
Señala que esta modalidad de transporte creará fuentes de empleo y descongestionará carreteras y vías internas.
- Reforma eléctrica
Propone modificar tres artículos de la Constitución. El cambio al artículo 28 plantea que el único responsable del sistema eléctrico nacional y de su control es el Estado mexicano. Debe preservar la autosuficiencia energética del país y darla al pueblo con tarifas bajas para evitar el lucro.
El cambio al artículo 27 plantea que una empresa privada no pueda tener prevalencia sobre la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El cambio al artículo 25 señala quitar el concepto de empresa productiva del Estado que tienen CFE y Pemex, para que no se rijan con un modelo corporativo de accionistas e inversionistas y lo hagan como una empresa pública del Estado.
- Reforma electoral
La iniciativa de reforma electoral propone modificaciones a 18 artículos de la Constitución: 35, 41, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 63, 73, 99, 105, 110, 111, 115, 116 y 122.
Propone cambiar el Instituto Nacional Electoral (INE) por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) como “autoridad electoral independiente”. Este organismo absorbería los órganos electorales locales.
Reduciría los consejeros electorales de 11 a 7 y serían electos por voto popular por un periodo de 6 años. El titular de la Sala Superior del Tribunal Electoral sería elegido por sus compañeros en votación por un periodo de cuatro años.
Propone reducir 50% el financiamiento de los partidos políticos y regular las aportaciones de particulares a partidos.
También plantea usar el voto electrónico para bajar el costo de la elección y ampliar los tiempos de radio y televisión oficiales para los candidatos.
Establece que no se pueden poner a consulta popular temas relacionados al sistema fiscal o la Guardia Nacional, pero se elimina la restricción a los relacionados con obras o temas electorales.
La iniciativa propone reducir de 500 a 300 los diputados y de 128 a 64 los senadores de representación proporcional.
- Poder judicial
La reforma al Poder Judicial propone modificar el artículo 95 constitucional para elegir a los jueces por voto directo y secreto por un periodo de 12 años, y no 15 como es actualmente.
Propone reducir de 11 a 9 los ministros de la Suprema Corte y eliminar Salas. Plantea la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial integrado por cinco personas que serviría para vigilar y sancionar la actuación de los jueces.
Los ministros, magistrados y demás personal del Poder Judicial no podrán tener remuneraciones mayores a la que percibe el presidente y retira la pensión vitalicia para los ministros de la Corte.
- Guardia Nacional
La iniciativa busca que la Guardia Nacional quede a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para que sea “regida por normas y principios de seguridad pública” para que sus elementos obedezcan “a una disciplina que, en cuanto a su formación, es militar; pero en cuanto a su acción es policial”.
Con su incorporación a la Sedena, la Guardia Nacional se consolidará como institución para contribuir a la seguridad de la ciudadanía, pues “desarrollará sus actividades con capacitación y adiestramiento policiales, no bélicos”.
El titular de la Guardia Nacional deberá tener el grado de general de división en activo y será designado por el presidente a propuesta del secretario de la Defensa Nacional.
La iniciativa señala lo siguiente: «El presidente de la República podrá disponer de ella para la seguridad interior y defensa exterior de la Nación, en caso de estimarlo necesario».
- Desaparición de órganos autónomos
El Gobierno propone la desaparición de siete organismos autónomos y la extinción o fusión de 17 organismos descentralizados.
Entre los organismos autónomos que se propone eliminar están el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional de Transparencia (INAI), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y las comisiones Federal de Competencia Económica, Reguladora de Energía, Nacional de Hidrocarburos y Nacional para la Mejora Continua de la Educación.
Las funciones de estos organismos serían absorbidas por dependencias de la administración pública federal alegando duplicidad de funciones.
En la simplificación orgánica se eliminarían la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).
Las funciones de estas pasarían a diversas secretarías de Estado.
Algunos institutos se convertirían en Unidades Administrativas, estos son los siguientes: de las Personas Adultas Mayores, de las Personas con Discapacidad, de la Juventud, de Economía Social, de Ecología y Cambio Climático y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. (cnn.com)
Insisto, como bien dice Fernández Noroña, a nadie se engañó, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó el pasado 5 de febrero este paquete de reformas que buscan, según dijo, regresar el espíritu social a la Constitución promulgada en 1917 y que, aunque ha sufrido numerosas reformas, es la que rige el país actualmente.
“Las reformas que propongo buscan establecer derechos constitucionales y fortalecer ideales y principios relacionados con el humanismo, la justicia, la honestidad, la austeridad y la democracia que hemos postulado y llevado a la práctica desde los orígenes del actual movimiento de transformación nacional”, aseguró.
Y agregó que la esencia de estas normas y nuevos derechos es “reencauzar la vida pública por la senda de la libertad, la justicia y la democracia”.
José Vega Bautista
@Pepevegasicilia
josevega@nuestrarevista.com.mx
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