A tres semanas de la muerte de Henry Kissinger ocurrida el 29 de noviembre, cerca de 15 millones y medio de chilenos deberán decidir si aprueban o no, una nueva constitución.
Este plebiscito del próximo domingo 17 y voto obligatorio, es consecuencia de su patrocinio al golpe militar que el 11 de septiembre de 1973 destituyó al presidente constitucional, Salvador Allende.
La intervención del entonces poderosísimo Kissinger, fallecido sin haber sido juzgado por sus crímenes contra muchos países, ha causado sufrimientos sin fin.
Respaldado por Nixon y la CIA, intentó evitar que Allende fuera presidente para evitar el mal ejemplo de un socialista llegado al poder por vía electoral.
Y al no lograrlo, pagó para desestabilizar su gobierno generando odios y desbasto, secuestros y asesinatos y finalmente el bombardeo del palacio presidencial de La Moneda con Allende dentro.
Su participación en asuntos que solo competía a los chilenos resolver y dada su tradición democrática hubieran hecho mejor, dejó como herencia polarización entre izquierda y derecha y heridas que las cinco décadas transcurridas, no han cerrado.
Y es difícil la situación en vísperas de este nuevo plebiscito sobre un proyecto redactado por 50 personas y revisado por una comisión de 24, designadas por el congreso.
Se teme repetir el fracaso del proyecto anterior, redactado por 150 personas sin saberes legales y políticos y rechazado en plebiscito de septiembre de 2022.
Este proceso constitucional que parece cuento de nunca acabar, inició en octubre de 2019 cuando el presidente Sebastián Piñera, único mandatario de derecha tras la vuelta a la democracia en 1990, convocó a una nueva constitución para escabullirse del descontento manifiesto en estallidos sociales que exigían mayor igualdad y mejores servicios de salud y educación.
Se ha dicho desde entonces, que debía quitarse “la constitución de la dictadura”.
Pero no es así, porque esa constitución de Pinochet fue reformada por el presidente socialista Ricardo Lagos; lleva su firma y la de integrantes de su gabinete y rige desde 2006.
Y tal vez bastaría con modernizarla incluyendo temas de derechos humanos, mujeres, medio ambiente y delincuencia organizada, que entonces no estaban en la agenda o fueron vetados por la derecha.
Molesta a los políticos, el desinterés ciudadano y el deseo de cerrar esta discusión que ha desviado atención y dinero de otras prioridades.
Pero tendrá que concluirse, aprobando o rechazando un texto de 17 capítulos que reduce el número de diputados a 138, establece paridad de género, cinco por ciento de votos válidos para acceder a escaños legislativos, cese de diputados o senadores que renuncien al partido que los postuló, y mecanismos para la participación política de los indígenas, 12 por ciento la población.
Uno de los asuntos más polémicos ha sido el relativo a las mujeres.
Izquierdistas encabezadas por la dos veces presidenta socialista Michelle Bachelet, aseguran que deroga el aborto en tres causales establecido en 2017.
La han revirado mujeres de izquierda y derecha, tachándola de mentirosa.
Entre ellas, las exministras Mariana Aylwin y Ximena Rincón, ex secretaria de Gobierno en su segundo mandato, quien dijo estar impactada porque contribuye a la desunión.
Y Evelyn Matthei, una de las dos cartas fuertes de la derecha para las elecciones presidenciales de 2026, explicó que el nuevo texto da por vez primera “rango constitucional” a temas centrales para las mujeres.
Como igualdad salarial, paridad política, sala cuna universal, reconocimiento a su trabajo por la familia y la sociedad y obligación estatal de ayudarlas.
La prensa chilena ha informado de descalificaciones y divisiones en todos los conglomerados.
Y de la agresión, condenada por todos, a la ministra vocera Camila Vallejo; a quien una mujer aventó este martes 12, café caliente en una plaza donde repartía propaganda.
Hay que agregar la baja aceptación, 26 por ciento, del presidente Gabriel Boric; que ha debido cambiar varios ministros.
Se le cuestiona entre otras muchas cosas, el mal manejo de la seguridad, incremento de asesinatos, narcotráfico, balaceras y quemas de vehículos.
La crisis de las Isapres, que administran la cotización obligatoria de salud el 7 por ciento del salario de los trabajadores y puede llevar al colapso de clínicas privadas, en momentos en que el sistema público de salud, FONASA, funciona pésimo.
Y la corrupción de algunos funcionarios, que dio pretexto a la derecha para oponerse a gravar los capitales más ricos; impidiéndole cumplir con programas sociales prometidos.
Además, el Servicio de Impuestos Internos (SII) reportó que por temor a la inseguridad, incertidumbre política y reforma tributaria, se triplicaron este año las solicitudes de cambio de domicilio para fuera de Chile, de altos patrimonios.
Al escribir este artículo solo un 4 por ciento separaba el En Contra que promueve la izquierda, del A Favor por el que clama la derecha.
Boric anunció voto En Contra y si triunfa esta opción, no impulsará un tercer proceso constitucional.
En Contra están los partidos del Frente Amplio que lo apoyan “porque es un proyecto neoliberal que no garantiza la solidaridad” y los expresidentes Lagos y Bachelet.
Y A Favor, la derecha lidereada por José Antonio Kast, derrotado por Boric en los comicios de 2021 y los expresidentes Piñera y Eduardo Frei, quien disiente de la Democracia Cristiana “porque es la forma de tener finalmente una nueva Constitución”.
Es curioso que hace apenas unos meses unos y otros declaraban lo contrario, como recordó El Mercurio este domingo 10 en nota titulada Volteretas de carnero.
Los derechistas que están a favor sostenían, que una nueva constitución era “totalmente innecesaria” y los izquierdistas ahora en contra, que era “absolutamente indispensable”.
En fin, las cosas andan tan revueltas y la delincuencia tan agresiva, que 66 mil agentes y carabineros protegerán votantes, votos y zonas críticas.
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