Es la seguridad, gobernador
Durante la última década, hemos visto películas muy similares sobre seguridad ciudadana: un aumento de la violencia y los delitos de alto impacto tras un cambio de poder.
Sería injusto generalizar, pues algunas entidades, incluida Coahuila en 2017, lograron evadir las arenas movedizas de la inseguridad en las que cayeron otros estados luego de un cambio de gobierno.
En algunas entidades donde los homicidios y otros delitos penales aumentaron después de que un nuevo mandatario asumió el cargo, estos indicadores se estabilizaron con el tiempo, no sin antes ajustar o cambiar de estrategia. Sin embargo, otros estados continúan sumidos en una escalada de violencia sin precedentes.
Los descuidos cometidos en los estados afectados por la inseguridad tras un cambio de gobierno son peculiares. Estos incluyen la ausencia de estrategia y el exceso de retórica; filtraciones de información; reemplazo prematuro de mandos policiales sin expertos suplentes; fallas en la coordinación interinstitucional; diagnósticos apresurados o ideologizados; e incluso titubeos en el uso de la fuerza pública.
En cualquier caso, la evidencia sugiere que una de las claves para la seguridad ciudadana reside en el proceso de transición y las primeras decisiones de las nuevas autoridades.
Dicho lo anterior, es imposible no preocuparse por el cambio que se avecina en Coahuila. Esto no quiere decir que las nuevas autoridades hayan dado señales de improvisación o descuido. De hecho, la seguridad fue el eje de la campaña del gobernador electo Manolo Jiménez Salinas.
Los puntos críticos de seguridad en Coahuila ocuparon gran parte de la agenda de transición. Fueron públicas algunas reuniones con los mandos del Ejército y otras autoridades de los tres órdenes de gobierno. Se aplicaron las prácticas recomendadas en materia de entrega-recepción.
Pero quizás las preocupaciones de la ciudadanía sobre la seguridad se deriven de otros factores que requieren más atención.
Lo que ha sucedido en estados que han experimentado cambios de gobierno en los últimos años requiere tomar ciertas precauciones. En algunos casos, la presencia de la delincuencia organizada es evidente y los indicadores de inseguridad (principalmente los homicidios dolosos) aumentaron significativamente.
Esto no es solo para que Coahuila ponga las barbas a remojar. Se trata de tener en cuenta que cuando estas entidades refuercen la seguridad, se producirá el llamado efecto cucaracha, en el que las bandas criminales buscan refugio en estados más tranquilos. Lo cual sucedió recientemente, pues algunos grupos intentaron ingresar por las brechas del norte del estado. Otros inclusive utilizando una ruta inusual como Arteaga.
Otra inquietud que surgió en días previos al cambio de autoridad se relaciona con la transferencia del poder en 2005 y 2011. En aquellos años, algo se pasó por alto que provocó un aumento inusitado de la violencia.
Cabe destacar que no fue hasta 2015 cuando la estrategia seleccionada por el entonces gobernador Rubén Moreira (vigente a la fecha) comenzó a dar frutos. Según el Instituto Mexicano para la Competitividad, el número de carpetas por homicidios dolosos disminuyó un 49 % entre 2015 y 2022. Como resultado, Coahuila se posicionó como el estado fronterizo con menos homicidios en ambos lados de la frontera en 2021.
La violencia que ocurrió entre 2007 y 2014 dejó lecciones valiosas. La más importante es preservar lo que funciona y evitar los descuidos cometidos en aquellas transiciones.
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