Ciudad de México.- De 2006 a abril de este año suman al menos 5 mil 696 fosas clandestinas, de las cuales, el 51 por ciento se ha localizado en la actual Administración, de acuerdo con un análisis realizado por la organización Quinto Elemento Lab.
“Ha sido en el sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador cuando se han disparado las localizaciones de entierros ilegales, incluso durante 2020 y 2021, los años con mayor restricción de movilidad a causa de la pandemia por Covid-19.
“Hasta abril de 2023, el conteo indicaba que 2 mil 864 fosas clandestinas, más de la mitad de las que están registradas, fueron descubiertas durante la presente Administración”, indicó la asociación.
Esta es la segunda entrega de la investigación que ha abarcado tres sexenios. En la primera, que se publicó en 2018, comprendió la del panista Felipe Calderón y parte de la del priista Enrique Peña Nieto, en la que se documentaron 2 mil entierros ilegales entre 2006 y 2016.
En comparación con ese primer corte, el número se ha incrementado 99 por ciento, según información obtenida de las fiscalías estatales y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) mediante solicitudes de transparencia.
Los hallazgos de cuerpos y restos óseos han sido encontrados en 570 municipios, lo que representa cerca del 23 por ciento de los existentes a nivel nacional.
La información obtenida por Quinto Elemento Lab muestra municipios de menos de 250 mil habitantes, con más de medio centenar de fosas encontradas en los últimos años, como Tecomán, en Colima; Úrsulo Galván y Playa Vicente, en Veracruz; Salvatierra, en Guanajuato, y Puerto Peñasco, en Sonora.
CASI DOS AL DÍA
En los primeros cuatro años y medio de esta Administración se descubrieron 2 mil 864 fosas clandestinas, un promedio de 1.8 entierros ilegales cada día.
Esto representa más de la mitad de todas las registradas por la CNB hasta abril, y duplica el número de hallazgos reportados en los 12 años previos a la gestión del morenista, bajo los mandatos de Calderón y Peña.
Quinto Elemento Lab documentó que la geografía de los entierros ilegales cambió, pues antes de 2019 más del 50 por ciento de las fosas se concentraba en los estados de Tamaulipas, Veracruz, Chihuahua y Guerrero, pero desde diciembre de 2018, ese mismo porcentaje se localiza en cinco entidades: Veracruz, Colima, Sinaloa, Guerrero y Michoacán.
Se aclaró que algunas fosas podrían haber permanecido años sin ser descubiertas, pero también que en el País, los homicidios y desapariciones han aumentado.
“(Esto) evidencia que la militarización de la seguridad pública emprendida por esta Administración ha tenido resultados ‘desastrosos’, según Amnistía Internacional.
“A su vez, los criminales -y algunas autoridades estatales y municipales coludidas con estos- recurren a formas cada vez más crueles para deshacerse de los cuerpos de las víctimas, como el uso de ácido o la incineración de los restos óseos, para así evitar su identificación”, indica Quinto Elemento. (AGENCIA REFORMA)
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