Ciudad de México.- Justo en un año, Andrés Manuel López Obrador entregará la banda presidencial a quien gane las elecciones del 2 de junio.
Quien llegue al cargo, no asumirá la Presidencia el primero de diciembre, sino dos meses antes de lo acostumbrado. Esto es resultado de la reforma electoral efectuada en 2014 y que busca que el presidente entrante tenga mayor control de su primera Ley de Ingresos y proyecto de Presupuesto de Egresos.
En el discurso, López Obrador lleva casi un año hablando de su despedida.
Incluso, anunció que está en elaboración el retrato que colgará en la galería de ex Presidentes, en Palacio Nacional.
De manera abierta, el presidente ha anticipado que, al concluir su Administración, se retirará de la vida política, trasladará su residencia a Palenque, en Chiapas, cerrará sus redes sociales y no volverá a participar en ninguna actividad pública.
Se dedicará a escribir un libro sobre el conservadurismo, no realizará gestiones, prácticamente no recibirá invitados y, cuando sus hijos lo visiten, los temas políticos estarán vedados.
Vivirá de las regalías de sus libros y de las pensiones que le paguen el ISSSTE y la Secretaría de Bienestar.
Pero antes de su retiro, y con el ofrecimiento de trabajar unas 16 horas diarias, el tabasqueño tendrá que cumplir varias promesas que aún están pendientes.
De continuar con su rutina, podría encabezar unas 260 reuniones del gabinete de seguridad, igual número de conferencias «mañaneras», y dedicar cerca de 100 días a realizar giras por los estados del País.
Los comicios
Por primera vez en 18 años, López Obrador vivirá una elección presidencial desde el poder y no como candidato opositor.
El Jefe del Ejecutivo deberá cumplir la promesa, hasta ahora pendiente, de no intervenir en el proceso electoral próximo.
Con varias medidas cautelares en su haber, el Mandatario llega ‘tocado’ a estos comicios, como consecuencia de sus sistemáticas referencias a los partidos, coaliciones, candidatos, encuestas y hasta llamados al voto.
Si decide cumplir la ley electoral, tendrá que respetar la veda, suspender la entrega de apoyos federales y limitar sus giras con actos masivos, sobre todo en las nueve entidades donde se renovarán gubernaturas.
Sin embargo, el propio López Orador ha dejado en claro que trabajará para convertir en realidad el llamado «Plan C», con la finalidad de que Morena y sus aliados no sólo retengan la Presidencia de la República, sino que también consigan la mayoría calificada en las cámaras de Diputados y Senadores.
Una vez pasadas las elecciones, el tabasqueño deberá trabajar en las mesas de transición para la entrega-recepción de la Administración federal.
Y, un mes antes de irse, presentará al nuevo Congreso de la Unión dos paquetes de iniciativas para reformar la Constitución.
El primero, en materia de bienestar, para reducir a 65 años la edad para recibir la pensión de adultos mayores, además de un transitorio para que el derecho a la salud cuente con un presupuesto progresivamente más grande, año con año.
El segundo, pretende establecer en la Carta Magna que los jueces, Magistrados y Ministros sean electos en las urnas, a través de voto directo y secreto, con la finalidad de impulsar una limpia en el Poder Judicial.
La agenda
En lo que resta de 2023, López Obrador presidirá su última ceremonia con motivo del Aniversario de la Revolución Mexicana, el 20 de noviembre.
Para diciembre, ya tiene programada la inauguración del Tren Maya y del Aeropuerto Internacional de Tulum, en Quintana Roo, así como el despegue de la nueva línea aérea militar Mexicana de Aviación.
Ese mismo mes, deberá quedar lista la nueva bodega o «superfarmacia» con la que pretende resolver el problema de desabasto de medicamentos en el País.
Además, se cumplirá el plazo para que el nuevo acueducto «El Cuchillo II» inyecte 5 mil litros de agua por segundo a la Zona Metropolitana de Monterrey.
Al cierre del año, el presidente tiene planteado presentar un nuevo censo de desaparecidos en el País que tiene, como objetivo central, evitar que se le equipare con los saldos que dejó Felipe Calderón.
Según el tabasqueño, el próximo año será clave para el Gobierno federal.
Al arrancar 2024, aumentará en 25 por ciento la pensión de los adultos mayores, justo en año electoral.
Entre otras cosas, tendrá que bajar el número de operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y, con ello, forzar la migración de vuelos comerciales a la nueva terminal ubicada en Zumpango, el Felipe Ángeles.
En el primer trimestre -programado para marzo-, deberá «operar en pleno» el sistema del IMSS-Bienestar, con el que se pretende equiparar a México con Dinamarca, al ofrecer servicios y medicinas gratis a más de 53 millones de personas que hoy carecen de seguridad social.
La segunda etapa del Tren México-Toluca, «El Insurgente», podría quedar terminada, también para el mes de marzo.
La ampliación del Tren Suburbano, que conectará el centro de la Ciudad de México con el AIFA, «en sólo 45 minutos», contará con la obra civil terminada en febrero y la electromecánica en marzo, aunque el periodo de pruebas arrancará en abril y podría extenderse hasta junio.
Otro de los ofrecimientos para 2024 es que la refinería Dos Bocas alcanzará su máxima capacidad, con una meta de producción de 340 mil barriles diarios de combustibles.
De ello depende, según los cálculos de Pemex, conseguir la autosuficiencia y frenar la millonaria importación de gasolinas.
En el catálogo de obras emblemáticas, aunque el Tren Maya será inaugurado en diciembre de este año, estará «en pleno funcionamiento» hasta septiembre de 2024.
Y, si decide mantener la palabra que empeñó en el Zócalo el primero de diciembre de 2018, el Presidente estará obligado a concretar los 100 compromisos que lanzó frente a esa plaza llena.
Eso incluye garantizar «verdad y justicia» en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, cuyas indagatorias han sido tan cuestionadas como el apoyo incondicional que ha dado a las Fuerzas Armadas. (AGENCIA REFORMA)
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