OPINIÓN

A PROPÓSITO DEL CASO CAMARGO

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17 septiembre, 2023

Luego de meses de espera, finalmente se ha emitido la sentencia en el caso Camargo. Recordemos que la Masacre de Camargo (Tamaulipas) tuvo lugar en enero de 2021, donde 19 migrantes guatemaltecos fueron asesinados y calcinados.

Sin embargo, no es la primera vez que suceden hechos de esta naturaleza en contra de población migrante. Téngase presente las masacres de San Fernando y Cadereyta. La Masacre de San Fernando ocurrió en agosto de 2010, cuando se encontraron asesinados a 72 migrantes de diferentes nacionalidades que transitaban por México en su camino hacia los Estados Unidos. En la Masacre de Cadereyta, en mayo de 2012, 49 cuerpos, en su mayoría de migrantes centroamericanos, fueron mutilados para dificultar su identificación.

Sobre este punto, debe tenerse presente que México, debido a su ubicación geográfica, experimenta un importante flujo de migrantes en tránsito, muchos de ellos ingresan de manera no documentada. Por cierto, en la última “Encuesta sobre migración en la frontera sur de México” no se dice con exactitud cuántos cruces de ingreso a México se pueden registrar, pero fuentes extraoficiales subrayan que hay un ingreso aproximado de 250 cruces semanales. Esta situación hace imperativo que se revise constantemente la política migratoria.

En términos de políticas migratorias, existen dos enfoques predominantes: el modelo de detención y los modelos alternativos. La detención migratoria ha sido históricamente la norma en México, pero se han realizado reformas para humanizar este proceso. El 13 de marzo de 1926 se publicó por primera vez la Ley de Migración, la cual fue de corte restrictivo para el ingreso de personas extranjeras en al país. En mayo de 2011, se promulgó la Ley de Migración en México, coincidiendo con la reforma constitucional en Derechos Humanos. Esta ley estableció una nueva política migratoria, centrada en fortalecer la protección de los derechos y la seguridad de migrantes nacionales y extranjeros. Además, amplió la tradición de hospitalidad y refugio, simplificó los procedimientos administrativos y garantizó una atención rápida y adecuada a las personas en movimiento, con el objetivo de hacer efectiva la política migratoria.

A pesar de estas reformas, persisten problemas significativos. En el “Informe especial. Situación de las estaciones migratorias en México, hacia un nuevo modelo alternativo a la detención” se explica que el procedimiento actual incluye control, verificación y revisión migratoria, con personas migrantes «detenidas» en instalaciones que no cumplen con estándares internacionales. Aquí debe subrayarse que se coloca en una situación de vulnerabilidad a la población migrantes con esta situación pues con el temor de no ir a las estaciones migratorias, los hace más proclives a caer en las manos de los contrabandistas o también llamado polleros. En la “Encuesta sobre migración en la frontera sur de México. Informe anual de resultados 2019” se explica que “mientras que, entre los nacidos en Guatemala, 63.9% contrató el servicio de un contrabandista para transitar por México, entre los devueltos a el Salvador fue poco menos de la mitad (48.5%), y entre quienes fueron devueltos a Honduras tan sólo 17.6% contrató ese servicio”.

Pero junto a este tema también hay que mencionar que, en México, hay migrantes que no están en las estaciones migratorias, pero si viven en ciudades mexicana y su situación no está claramente definida. Eso es aprovechado por personas (incluso mexicanas) que comenten delitos en nombre de la población migrante.

Entonces el problema radica en que se están cometiendo errores en uno de dos extremos: o bien se les detiene como se hace habitualmente (y en consecuencia se les coloca en la situación de vulnerabilidad) o bien se les permite moverse libremente sin tener un registro preciso de quiénes son las personas migrantes.

Por ello, en el informe ya citado se plantean alternativas a la detención, como el registro de pasaporte, la obligación de comparecer periódicamente ante autoridades y la residencia obligatoria, basadas en compromisos individuales y monitoreo para mantener el contacto y la ubicación de personas migrantes sin documentos mexicanos.

En conclusión, una política migratoria mejorada es esencial para prevenir tragedias como las de Camargo, San Fernando y Cadereyta, y para garantizar un trato humano a la población migrante.