Ciudad de México.- Alrededor del 40 por ciento de las personas privadas de libertad en México no cuentan con sentencia, reveló este martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en medio de una discusión sobre la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.
En octubre del año pasado el Inegi, divulgó un estudio similar, en el cual presentó que 4 de cada 10 personas están encarceladas sin recibir sentencia, basándose en las Estadísticas del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social en el cual se señalaba que el número de personas privadas de su libertad por el estado habría registrado una tendencia al alza desde 2019 cuando se puso en marcha el actual sistema de justicia.
De acuerdo con los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios en los ámbitos federal y estatal (CNSIPEE-F) 2023, al cierre de 2022 había en el país 226 mil 116 personas en las cárceles federales y estatales, de las cuales 94.4 por ciento eran hombres y 5.6 por ciento mujeres. Esta cifra fue de 2.6 por ciento mayor respecto al año anterior. Del total de personas que permanecen en prisión, el 39 por ciento no contó con una sentencia, para las mujeres este porcentaje fue de 49.3 y para los hombres, de 38.4.
En 2022, del total de la población privada de la libertad sin sentencia, 50.2 por ciento se encontró en prisión preventiva oficiosa; 23.9 por ciento, en prisión preventiva justificada; 11.4 por ciento, en otro supuesto jurídico y, para 14.5 por ciento, no se identificó el tipo de estatus jurídico.
Esto contrasta con los llamados de instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), a dejar sin efecto la prisión preventiva a estándares internacionales por las violaciones a derechos humanos que podría implicar.
A pesar de esta situación, la población en las cárceles aumenta. Tan solo en 2022 ingresaron 138 mil 496 personas a los centros penitenciarios y centros especializados, de los cuales mil 534 fueron adolescentes, apuntó el Inegi. Comparado con 2021, se registró un aumento de 16.2 por ciento en el total de ingresos.
Por entidad federativa, Baja California, el Estado de México, Chihuahua, Coahuila y Sonora concentraron la mayor cantidad de ingresos. A su vez, las entidades que cuentan con más personas en sus centros penitenciarios son el Estado de México, la Ciudad de México, Jalisco, Baja California y Sonora.
Esto implica gastos importantes al erario, según los datos del Inegi. En 2022, el presupuesto ejercido por los centros penitenciarios y centros especializados fue de 47 mil 385 millones 27 mil 130.1 pesos. Comparado con la cantidad ejercida en 2021, el aumento fue de 47.7 por ciento.
México ha recibido varios llamados internacionales a dejar sin efecto la prisión preventiva oficiosa por sus implicaciones a los derechos humanos. El 27 de enero del presente año, la CIDH ordenó al gobierno dejar sin efecto el arraigo y adecuar la prisión preventiva a estándares internacionales, en el caso Tzompaxtle Tecpile y otros Vs. México, tras determinar que el Estado mexicano era responsable de diversas violaciones a derechos humanos por la detención de tres personas por parte de la policía en 2006.
Sin embargo, en dicha ocasión, el entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, rechazó la sentencia, la cual consideró una “falta de respeto al Estado mexicano”. (EL HERALDO)
De acuerdo con el estatus jurídico de las personas privadas de la libertad / internadas en los centros penitenciaros y centros especializados, 88,172 se encontraban sin sentencia:
🚹 38.4%
🚺 49.3%(2/3) pic.twitter.com/dGK5x91h5I
— INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) July 18, 2023
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