Durante la sesión de la Diputación Permanente de esta semana, se aprobó un dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Familias, Desarrollo Humano y Actividades Cívicas, relativo al punto de acuerdo presentado por la diputada Martha Loera Arámbula, mediante el cual exhorta a la Secretaría de Educación Pública federal, para que analice la creación, o en su caso, ampliación de estímulos económicos al personal docente por su destacada labor con alumnas y alumnos con discapacidad, trastorno y/o condición en todos los niveles educativos, asimismo, para que proyecte mayores recursos financieros para la mejora y adaptación de infraestructura y de materiales educativos que se requieren.
Si bien en México niñas, niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad tienen derecho a recibir atención en cualquier centro educativo de su elección, no todos los planteles tienen las condiciones necesarias para otorgar un servicio adecuado para ellos. Uno de los mayores retos exige impulsar la preparación inicial y continua de maestras y maestros con una perspectiva de educación inclusiva, así como aumentar la formación de docentes especialistas.
La infraestructura accesible es otro elemento fundamental en la generación de escuelas inclusivas, ya que menos de 40% de los centros escolares de educación primaria, secundaria y media superior disponen de infraestructura adaptada. Los materiales educativos apropiados para atender estudiantes con discapacidad son otro aspecto que se debe cubrir, pues solamente uno de cada diez cuenta con ellos (12%).
En la mayoría de las ocasiones, las y los docentes que trabajan con alumnos con discapacidad no sólo tienen que diseñar, planificar, y adaptar su material educativo con la finalidad que el alumno pueda aprender al mismo ritmo que sus compañeros, sino que también debe proveer el material que le sea de ayuda para hacer las clases dinámicas.
“Ante ello, queremos reconocer y aplaudir a todos aquellos docentes que a diario trabajan arduamente por la mejora no sólo educativa, sino también social. Asimismo solicitamos a la Secretaría de Educación Pública federal, la creación y/o fortalecimiento de estímulos económicos a las y los docentes por su trabajo destacado con alumnos con discapacidad, trastorno o condición, e instamos a que se proyecten mayores recursos para hacer realidad su derecho a la educación” destaca la diputada Martha Loera en el punto de acuerdo que contiene el dictamen.
Durante esta sesión, Loera Arámbula, presentó también un punto de acuerdo mediante el cual exhorta a la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal, para que evalúe las estrategias de atención educativa para niñas, niños y jóvenes con discapacidad, trastorno y condición, a fin de verificar que las mismas se adapten a sus necesidades, brindando los apoyos necesarios para garantizar su derecho a la educación.
De acuerdo con el Comité de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el derecho a la educación inclusiva va más allá de infraestructura y material, se requiere también de apoyos institucionales de comunicación, flexibilidad, capacitación y sensibilización. El punto de acuerdo menciona también la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al Estado Mexicano respecto a emprender las medidas necesarias para que se garantice el derecho a la educación a las personas con discapacidad, asegurando que accedan, participen, permanezcan, aprendan y egresen de los centros educativos a todos los niveles en condiciones de igualdad, respecto de sus pares sin discapacidad; utilizando para ello esquemas abiertos, flexibles y adaptables. (EL HERALDO)
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